http://redaccion.nexos.com.mx/?p=3355
Hace una semana Inglaterra despertaba con la peor resaca en 30 años. Los disturbios (en forma incendios intencionales, saqueo de negocios, violencia contra la policía y la población, destrucción de propiedad privada y pública) se extendieron, con manifestaciones menores pero igualmente serias, de vecindarios específicos de Londres a segmentos centrales de otras ciudades grandes y pequeñas. Una vez que los fuegos se extinguieron, la pregunta mil veces repetida ha sido ¿por qué?
Sin embargo, a pesar de la existencia de evidencia seria que ayudaría a explicar causas y contextos de los disturbios y por lo tanto a evitar que se repitan, el discurso oficial, definido por el primer ministro conservador David Cameron, es que los perpetradores pertenecen a un segmento de la sociedad “enferma”, y la propuesta oficial es simplemente el castigo carcelario y mayores estrategias represivas. Contradictoriamente, Cameron no cederá en la decisión de recortar el presupuesto de la policía, incluso después que se comprobó que mayor presencia policiaca a partir del miércoles pasado coincidió con el disminución y cese de la violencia en las calles de Londres. Pero más allá de apagar los fuegos de la violencia, lo que se quiere “apagar” son los medios de comunicación accesibles a los ciudadanos: los medios sociales en línea.
En la sesión extraordinaria en la Cámara de los Comunes en el Parlamento, Cameron estableció la linea conservadora: el castigo de los culpables sería inmisericorde y, de ser necesario, se consideraría “apagar” (shut down) los medios sociales cuando se considere que sean definitivos para incentivar la actividad criminal. Al mismo tiempo, en una contradicción más, enfatizó que la policía haría uso de todos los recursos tecnológicos (para esto usó el obvio y hasta anticuado ejemplo de circuitos cerrados de televisión) para ayudarles a la persecución y castigo de los participantes en los disturbios. (Sectores de “vigilantes” de la derecha también hicieron uso rápido del Internet para promover cacerías de brujas de aquellos capturados en CCTV).
A excepción del discurso de Ed Miliband, líder de la oposición, y de comentarios breves de otros miembros del Parlamento de la bancada laborista, el común denominador de la opinión Tory era mayor represión; el uso de técnicas represivas como toques de queda y cañones de agua, mayores castigos en forma de retiro de beneficios sociales a “padres irresponsables”, el estímulo al matrimonio heterosexual e, incluso, la suspensión del Acto de Derechos Humanos, que facilitaría la intercepción y exhibición pública de datos personales de los sospechosos. En otras palabras, el martes pasado parecíamos estar en Damasco, y no en Westminster. En ningún momento se discutió de manera seria estrategias para la reabilitación social de los arrestados tras cumplir sus castigos, ni cómo trabajar con las comunidades afectadas para restaurar el daño infraestructural y social.
Hasta ahora, 1,300 sospechosos han sido procesados por las cortes (de los cuales dos terceras partes participaron en los disturbios de Londres solamente). Algunos pocos fueron arrestados infraganti durante los disturbios mismos, pero la mayoría fue identificada mediante las grabaciones de cámaras de seguridad, perfiles y grupos en Facebook, uso policiaco del sistema de mensajería de Blackberry, fotografías y videos amateurs y de prensa.
Las cortes en Gran Bretaña son independientes, pero es claro que no son sordas a la opinión política dominante. El consenso conservador es que el gobierno debía considerar controlar, vigilar y castigar el uso de medios sociales como Facebook y Twitter con intenciones criminales (sin jamás explicar cómo se garantizarían el derecho a la libre expresión o de qué modo se evaluaría el ejercicio responsable y ético de esos poderes represivos).
Las consecuencias son claras ya son ahora objeto de un importante debate que sin embargo ha estado constreñido a los sectores liberales del país: Jordan Blackshaw y Perry Stucliffe-Keenan, de 20 y 22 años respectivamente, dos jóvenes blancos británicos, fueron sentenciados a 4 años de cárcel por convocar a sus amigos en Facebook la noche del martes 9 de agosto, cada uno por su parte, a participar en disturbios. Al llamado de Blackshaw acudieron 9 de sus 145 amigos; al de Stucliffe-Keenan, ninguno. A pesar que sus acciones no tuvieron consecuencias criminales, este ha sido el castigo más duro que hasta el momento las cortes han impuesto a quienes incitaron, participaron, robaron, quemaron, destruyeron y rompieron la ley durante los disturbios.
El juez Elgan Edwards, quien sentenció a Blackshaw, definió la creación de su “evento” en Facebook como “malvado”; y a Stucliffe-Keenan le dijo que “había causado pánico”. Y su castigo fue inclemente. Hay un mensaje claro en las sentencias: el uso de medios sociales está más vigilado y castigado que lo que sucede en la calle. A un joven de 17 años, que publicó en Facebook una frase de dos palabras en apoyo a los participantes en los disturbios, la corte le impuso la prohibición de usar redes sociales durante 12 meses. El gran hermano te está observando todavía.
Haciendo eco de las declaraciones de Cameron la semana pasada, el jefe de la policía interino, Tim Goodwin, dijo al comité de asuntos del interior del Parlamento que estaba “considerando el permiso para apagar Twitter y Facebook [...] es algo que estamos contemplando como parte de nuestra estrategia de investigación”.
Cómo exactamente policía y conservadores piensan ejercer el poder para “apagar” los medios sociales en línea es un misterio. Lo que es un hecho es que se está aprovechando la situación actual para intimidar a la sociedad civil. En el Reino Unido, el usuario típico de Twitter no es un usuario necesariamente especializado; es muy parecido al usuario típico de Internet en general, y a pesar de su pequeña población este país es el tercer usuario de Twitter en el mundo. Ahora más que nunca será fundamental que la ciudadanía ejerza su derecho de réplica y deje claro que “apagar” un medio de expresión no es característica de los gobiernos democráticos.
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Hace una semana Inglaterra despertaba con la peor resaca en 30 años. Los disturbios (en forma incendios intencionales, saqueo de negocios, violencia contra la policía y la población, destrucción de propiedad privada y pública) se extendieron, con manifestaciones menores pero igualmente serias, de vecindarios específicos de Londres a segmentos centrales de otras ciudades grandes y pequeñas. Una vez que los fuegos se extinguieron, la pregunta mil veces repetida ha sido ¿por qué?
Sin embargo, a pesar de la existencia de evidencia seria que ayudaría a explicar causas y contextos de los disturbios y por lo tanto a evitar que se repitan, el discurso oficial, definido por el primer ministro conservador David Cameron, es que los perpetradores pertenecen a un segmento de la sociedad “enferma”, y la propuesta oficial es simplemente el castigo carcelario y mayores estrategias represivas. Contradictoriamente, Cameron no cederá en la decisión de recortar el presupuesto de la policía, incluso después que se comprobó que mayor presencia policiaca a partir del miércoles pasado coincidió con el disminución y cese de la violencia en las calles de Londres. Pero más allá de apagar los fuegos de la violencia, lo que se quiere “apagar” son los medios de comunicación accesibles a los ciudadanos: los medios sociales en línea.
En la sesión extraordinaria en la Cámara de los Comunes en el Parlamento, Cameron estableció la linea conservadora: el castigo de los culpables sería inmisericorde y, de ser necesario, se consideraría “apagar” (shut down) los medios sociales cuando se considere que sean definitivos para incentivar la actividad criminal. Al mismo tiempo, en una contradicción más, enfatizó que la policía haría uso de todos los recursos tecnológicos (para esto usó el obvio y hasta anticuado ejemplo de circuitos cerrados de televisión) para ayudarles a la persecución y castigo de los participantes en los disturbios. (Sectores de “vigilantes” de la derecha también hicieron uso rápido del Internet para promover cacerías de brujas de aquellos capturados en CCTV).
A excepción del discurso de Ed Miliband, líder de la oposición, y de comentarios breves de otros miembros del Parlamento de la bancada laborista, el común denominador de la opinión Tory era mayor represión; el uso de técnicas represivas como toques de queda y cañones de agua, mayores castigos en forma de retiro de beneficios sociales a “padres irresponsables”, el estímulo al matrimonio heterosexual e, incluso, la suspensión del Acto de Derechos Humanos, que facilitaría la intercepción y exhibición pública de datos personales de los sospechosos. En otras palabras, el martes pasado parecíamos estar en Damasco, y no en Westminster. En ningún momento se discutió de manera seria estrategias para la reabilitación social de los arrestados tras cumplir sus castigos, ni cómo trabajar con las comunidades afectadas para restaurar el daño infraestructural y social.
Hasta ahora, 1,300 sospechosos han sido procesados por las cortes (de los cuales dos terceras partes participaron en los disturbios de Londres solamente). Algunos pocos fueron arrestados infraganti durante los disturbios mismos, pero la mayoría fue identificada mediante las grabaciones de cámaras de seguridad, perfiles y grupos en Facebook, uso policiaco del sistema de mensajería de Blackberry, fotografías y videos amateurs y de prensa.
Las cortes en Gran Bretaña son independientes, pero es claro que no son sordas a la opinión política dominante. El consenso conservador es que el gobierno debía considerar controlar, vigilar y castigar el uso de medios sociales como Facebook y Twitter con intenciones criminales (sin jamás explicar cómo se garantizarían el derecho a la libre expresión o de qué modo se evaluaría el ejercicio responsable y ético de esos poderes represivos).
Las consecuencias son claras ya son ahora objeto de un importante debate que sin embargo ha estado constreñido a los sectores liberales del país: Jordan Blackshaw y Perry Stucliffe-Keenan, de 20 y 22 años respectivamente, dos jóvenes blancos británicos, fueron sentenciados a 4 años de cárcel por convocar a sus amigos en Facebook la noche del martes 9 de agosto, cada uno por su parte, a participar en disturbios. Al llamado de Blackshaw acudieron 9 de sus 145 amigos; al de Stucliffe-Keenan, ninguno. A pesar que sus acciones no tuvieron consecuencias criminales, este ha sido el castigo más duro que hasta el momento las cortes han impuesto a quienes incitaron, participaron, robaron, quemaron, destruyeron y rompieron la ley durante los disturbios.
El juez Elgan Edwards, quien sentenció a Blackshaw, definió la creación de su “evento” en Facebook como “malvado”; y a Stucliffe-Keenan le dijo que “había causado pánico”. Y su castigo fue inclemente. Hay un mensaje claro en las sentencias: el uso de medios sociales está más vigilado y castigado que lo que sucede en la calle. A un joven de 17 años, que publicó en Facebook una frase de dos palabras en apoyo a los participantes en los disturbios, la corte le impuso la prohibición de usar redes sociales durante 12 meses. El gran hermano te está observando todavía.
Haciendo eco de las declaraciones de Cameron la semana pasada, el jefe de la policía interino, Tim Goodwin, dijo al comité de asuntos del interior del Parlamento que estaba “considerando el permiso para apagar Twitter y Facebook [...] es algo que estamos contemplando como parte de nuestra estrategia de investigación”.
Cómo exactamente policía y conservadores piensan ejercer el poder para “apagar” los medios sociales en línea es un misterio. Lo que es un hecho es que se está aprovechando la situación actual para intimidar a la sociedad civil. En el Reino Unido, el usuario típico de Twitter no es un usuario necesariamente especializado; es muy parecido al usuario típico de Internet en general, y a pesar de su pequeña población este país es el tercer usuario de Twitter en el mundo. Ahora más que nunca será fundamental que la ciudadanía ejerza su derecho de réplica y deje claro que “apagar” un medio de expresión no es característica de los gobiernos democráticos.
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