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Bovino de la familia
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Una disculpa anticipada por lo extenso del aporte, pero me pareció que el tema ameritaba un tratamiento a fondo que lo abordara por todas las aristas. Con lo que "El mercader de la educación" recientemente anunciara, es todo el futuro de este país lo que está en juego. Y ésto es algo a lo cual los fabulosos medios de comunicación masivos (léase TeleVisca y TVApezta) no dedicaron siquiera una nota en sus maravillosos noticiarios, ni han motivado esos "acalorados" debates nocturnos. ¡Buena lectura!
José Blanco
La Jornada. - México.
17 de enero de 2012
Son tiempos de mercaderes; los neoliberales continúan con su espectáculo de chivos en cristalería.
Tal vez el actual podrido carcinoma que corroe al capitalismo haya puesto a pensar a algunos, pero son muy pocos. Los neoliberales no piensan, se alimentan, no del conocimiento del mundo, sino de un dogmatismo oscuro.
Calderón anunció el pasado 9 de enero que gobierno y particulares van a comenzar a vender educación superior, ahora sí en serio. Por lo pronto, se entregarán recursos que son de la sociedad, a 21 universidades privadas; los planteles que ya operan son: ITESM y las universidades de Monterrey, Regiomontana, Anáhuac México, Latinoamericana, Panamericana, Tecnológica, Popular Autónoma del Estado de Puebla, Jesuita de Guadalajara, Claustro de Sor Juana, Justo Sierra, Latina, Intercontinental, del Valle de Atemajac, Tangamanga y Contemporánea, y el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys). ¿Cuál de estas empresas puede ser llamada universidad?
Resulta miserable para cualquier ciudadano informado, haber oído un exaltado y autocelebratorio discurso –uno más–, como el que pronunció Felipe Calderón en el campus del Tec de Monterrey. Fue la celebración de la ignorancia –unas más–, esta vez sobre la educación superior, un asunto absolutamente crucial para el futuro del país.
Calderón, seguramente, no debe leer mucho más que los partes de guerra, pero aún puede revisar los medios estadunidenses que mil veces repitieron esta noticia durante 2011: “Los universitarios estadunidenses se ahogan en préstamos. Uno de cada cinco estudiantes será perseguido por impago. La deuda supera 995 mil millones de dólares. Ocuppy Wall Street llama a la insumisión” (véase, por ejemplo, Volunteer.tv.com, octubre, 2010). La tensión social en el sector estudiantil en el país vecino crecerá, si no se pone remedio a este estado de cosas de obvia raíz neoliberal.
Cuando a la inconsciencia sobre la índole y alcance de las decisiones se aúna la prepotencia de actuar al margen del conocimiento, como lo ha hecho Felipe Calderón, tenemos como resultado un despropósito, una sandez.
“Lo que no comprendemos no lo poseemos”, escribió con sencillez Johann W. Goethe. Ahí está Calderón, un ejemplo sobresaliente. En materia de educación, y de educación superior en particular, Calderón está en la inopia y a ésta aúna la ideología de las derechas: la educación como un servicio que el gobierno y los particulares deben vender a las familias de los estudiantes y a los estudiantes mismos. En abonos.
Calderón alardea: la tasa de interés “sólo” será de 10 por ciento. Pero si la inflación anual es de 4 por ciento, los bancos tendrán sus ganancias y las escuelas privadas también. Todo, con la garantía de los recursos públicos de Nacional Financiera. Si esto es así, una cabeza que no sea de mercader utilizaría esos recursos públicos para la educación pública coherentemente.
¿Quién le garantizará un empleo al egresado de una de esas egregias universidades, para que pueda pagar su hipoteca educativa? Alguien debe informar a Calderón que el conflicto por una educación al estilo de lo que ahora quiere, acabó por provocar un conflicto de proporciones de erupción volcánica en Chile, que lleva ya nueve meses. ¿No está enterado?
¿Cuáles “carreras” van a estudiar los estudiantes que se endeudarán con los bancos? Las de gis y pizarrón, por supuesto. Dizque derecho, contabilidad, dizque mercadotecnia, dizque cómputo, dizque sicología, etcétera. Por supuesto, Calderón ignora que en 2000 la Anuies encargó un estudio que mostró que alrededor de 50 por ciento de los egresados anuales del conjunto de las universidades no hallaban un empleo en la “carrera” que estudiaron, que ese hecho los llevaba a otro segmento de mercado con menores ingresos, desplazando aún más abajo a quienes ya ocupaban alguna plaza en este segundo segmento, y así en cadena descendente.
Sabemos que la cobertura aumentó de alrededor de 19/20 en 2000, a 30 por ciento en la actualidad, grosso modo. Puesto que no ha habido cambios estructurales en la educación superior, puede esperarse que quienes no cuentan con un puesto de trabajo en sus “carreras”, debió aumentar.
¿Con qué “carreras” ocurría eso más acentuadamente? Precisamente con las que se cursan en las escuelas particulares. ¿Por qué sucedía esto? Porque los mercados de estas “carreras” estaban saturados, porque la calidad de los egresados no cubría los requerimientos de la actualidad, porque se requieren otro tipo de egresados, temas que Calderón Hinojosa desconoce.
El señalado es apenas uno de una larga lista de problemas que aquejan a la educación superior, algunos de gran complejidad, que deben ser resueltos y no expandidos con la misma educación superior de siempre, pero ahora en abonos. Es preciso superar la aglomeración que conforman hoy las universidades mexicanas; es indispensable abandonar el modelo napoleónico de su organización; es inexcusable cambiar el paradigma de enseñanza-aprendizaje: las universidades deben dejar de impartir enseñanzas y en cambio generar aprendizajes susceptibles de ser evaluados y asegurados. Es imprescindible articular la producción científica y tecnológica y la innovación con la educación superior. La economía y la sociedad del conocimiento no es una frase sino una realidad, aunque ajena a la sociedad mexicana; que lo sea también para Calderón no es sorprendente, pero muestra bajo cuántas llaves está cerrada hoy la puerta del futuro del país.
Fuente
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La educación como negocio: un modelo
Javier Flores
La Jornada. - México.
17 de enero de 2012
El Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, puesto en marcha la semana pasada, es revelador de cómo imagina un sector minoritario y privilegiado de la sociedad mexicana que se debe formar a los profesionales y especialistas en México. Las principales características de este modelo, que prevé el otorgamiento de becas-crédito para realizar estudios de licenciatura y posgrado en instituciones educativas privadas, son las siguientes:
En el programa participan bancos e intermediarios financieros como Santander, Bancomer, HSBC, Banorte y Financiera Educativa de México. Tanto Nacional Financiera (Nafin) como la Secretaría de Hacienda aportarán fondos de garantía para respaldar el otorgamiento de créditos educacionales de los bancos. Por medio de este esquema, en 2012 el programa contará con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos. La acción del gobierno constituye un respaldo a las universidades privadas participantes, las cuales se beneficiarán con la totalidad de estos recursos (en algunos casos los préstamos ni siquiera alcanzan para cubrir los elevados costos de inscripción y colegiaturas). La banca, por su parte, recuperará todo el dinero prestado a los estudiantes, y además obtendrá como ganancia los intereses acumulados en 15 años por 23 mil jóvenes endeudados.
De acuerdo con un cálculo publicado el martes pasado por Salomón Rodríguez en El Economista, que cita como fuente a Nafin, los intereses para el nivel de licenciatura (en el cual el crédito que se otorgará por alumno es de 215 mil pesos), considerando la tasa de 10 por ciento anunciada, obligan a un pago total por cada estudiante de más del doble (564 mil pesos). En el posgrado, el crédito, que será de 280 mil pesos, obliga a cada joven a pagar en total 723 mil pesos. Lo anterior puede dar una idea del nivel de ganancias que obtendrán las universidades privadas y los bancos a costa de los 23 mil jóvenes “beneficiados”… Negocios son negocios.
Las instituciones de educación superior privadas participantes son los institutos Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y Educativo del Noroeste, así como las universidades Anáhuac, Panamericana, Intercontinental, Tecnológica de México, Latinoamericana, de Monterrey, del Valle de México, del Valle de Atemajac, del Claustro de Sor Juana, Regiomontana, Popular Autónoma del Estado de Puebla, Latina, Justo Sierra, Tangamanga, Contemporánea y la Salle. Se trata de instituciones muy heterogéneas, entre las cuales se encuentran algunas de prestigio y otras que generan dudas sobre la calidad de la enseñanza que imparten.
Por curiosidad me asomé a algunas de ellas, que antes del anuncio de Calderón no conocía (invito a los lectores a realizar este ejercicio). En la gran mayoría no se realiza investigación y no hay programas de doctorado. Por ejemplo, una de ellas ofrece sólo tres licenciaturas (arquitectura sustentable, administración y comunicación) y tres maestrías (comunicación educativa, comunicación organizacional y docencia), que desde luego no están incluidas en los padrones de posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El tema de la calidad aparece en este modelo como algo secundario. Pero independientemente de cuál sea su nivel, lo que hay en común en todas estas instituciones es que pronto escucharán sonar repetidamente sus cajas registradoras.
Por otra parte, no hay que olvidar que en las protestas estudiantiles en Chile y Colombia, en las que se aplica este modelo, los protestantes no solamente son estudiantes de las universidades públicas. Por ejemplo, en las movilizaciones de jóvenes en Bogotá, que tuve la oportunidad de conocer directamente (La Jornada, 22/11/11) y que obligaron al presidente Juan Manuel Santos a dar marcha atrás a su reforma, hubo una participación muy importante de estudiantes de las universidades privadas “beneficiados” con las becas-crédito que tanto gustan a Calderón.
En síntesis, las principales características de este modelo son: a) el gobierno es el impulsor de la iniciativa y garante (con recursos públicos) de la misma, b) los principales beneficiarios son los bancos y las instituciones de educación superior privadas, c) los estudiantes adquieren simultáneamente una carrera y una deuda, d) la calidad de la educación dentro de este modelo no es un factor de importancia.
Finalmente, el programa no tiene una idea clara que lo sustente, más allá de beneficiar a los sectores señalados. Tampoco cuenta con metas a las cuales dirigirse. Por ejemplo, no importan las áreas del conocimiento que deban ser fortalecidas en beneficio del país, y no hay forma de saber de qué manera por medio de este instrumento México podría aumentar su competitividad o fortalecer su presencia en el ámbito internacional.
Aun así, éste es el modelo que algunos imaginan –y desean– que pudiera extenderse a la educación superior pública.
Fuente
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Crédito educativo: mentalismo de fin de sexenio
Pedro Flores Crespo
Campus Milenio. - México.
19 de enero de 2012
Al anunciar el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior (Pronafies), el presidente Felipe Calderón expresó una serie de supuestos sobre los beneficios de estos esquemas de crédito que más pareció un ejercicio de mentalismo de fin de sexenio que un ejercicio de persuasión política. El mentalismo, como usted sabe, postula que es la fuerza de la mente lo que crea la realidad. Según el titular del ejecutivo, gracias a los créditos otorgados a los jóvenes que deseen estudiar en alguna universidad privada, se va a “corregir” la inequidad que existe dentro del sistema universitario, pues ahora los jóvenes de “bajos recursos” podrán pagar las inscripciones y colegiaturas en ese tipo de instituciones educativas.
Contrario a las creencias del ejecutivo, la experiencia internacional muestra que los jóvenes de las clases mejor acomodadas son los más proclives a aceptar este tipo de endeudamientos mientras que los pobres, económicamente hablando, al igual que las minorías son reticentes a utilizar tales esquemas (véase T.G. Mortenson). Una de las razones por la cuales los jóvenes y sus familias rechazan contratar este tipo de créditos es el nivel de endeudamiento que preven y en este sentido, no está de más recordar que en octubre pasado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció un programa para aliviar la deuda de 450 mil estudiantes de bajos ingresos que había solicitado un crédito para estudiar. ¿No le dice nada al gobierno mexicano este tipo de experiencias?
En lugar de dar por sentado que el Pronafies va a funcionar “bien” y de aventurarse a decir que le va a “meter” más dinero, el presidente Calderón pudo haber defendido su propuesta diciendo cómo va a enfrentar el gobierno los clásicos problemas que estos tipos de esquemas de crédito generan.
Ampliar la equidad en la educación superior no sólo implica asegurar que todo el que quiera entre a la universidad de su elección, sino que los cursos y programas académicos sean de alta calidad. Lo preocupante es que el titular del Ejecutivo asume que la oferta educativa de las instituciones particulares es sinónimo de “calidad” cuando esto, con los actuales esquemas de evaluación, certificación y acreditación, no puede demostrarse objetivamente. Por extraño que parezca, en México aún no podemos saber, con certeza, qué tipo de universidad – sea ésta pública o privada – está formando invariablemente a los profesionales más sensibles, capaces y críticos.
Al anunciar el Pronafies, el sesgo ideológico del presidente de México fue patente. Quizás esta inclinación explica por qué el Pronafies va a recibir 2,500 millones de pesos mientras que el Programa Nacional de Becas de Educación Superior (Pronabes) que apoya a los jóvenes de escasos recursos en las universidades públicas, recibió, en el ciclo escolar 2010-2011, casi mil millones menos, es decir, 1,536.7 millones, según lo informó el propio Calderón en su quinto informe de gobierno. ¿O de lo que se trata es de darle mayores ganancias a los bancos participantes?
Impulsar políticas por pura creencia ideológica puede causar más perjuicios que bondades y para evitarlo, se tendría echar mano de un ejercicio empírico que demuestra la efectividad de los esquemas de crédito educativo. Que sea la efectividad y no la ideología la base primordial para la promoción y el cambio de políticas.
Es por esto mismo que opino que la mera existencia de un esquema de crédito para poder asistir a la universidad no puede ser considerada como una “locura”. Pero un país como México cuya proporción de jóvenes cursando la licenciatura es relativamente baja (25%, según Manuel Gil), cualquier apoyo para tratar de aumentar el número de personas calificadas debe ser estudiada y discutida de manera amplia, si en verdad se desea generar un beneficio para todos.
Sin caer en ingenuidades, el enfoque de políticas basado en la evidencia podría ser más conveniente cuando un gobierno desea ser competitivo y desea ganar elecciones democráticamente. ¿Qué lecciones concretas le ofrece al gobierno federal la operación de los institutos de crédito estatales? ¿Se han preguntado en la presidencia de la República por qué las “becas-crédito” de posgrado al extranjero que ofrecía el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dejaron de considerarse como tal para convertirse solamente en becas?
No es con el mentalismo del presidente de la República o siguiendo a ciegas una ideología como se puede ser competitivo electoral y políticamente. Si los representantes de Acción Nacional no lo han comprendido, que empiecen a contar sus días en Los Pinos.
Fuente
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Los créditos educativos quebrantan la educación superior
Carlos Reyes
Campus Milenio. - México.
26 de enero de 2012
Los créditos educativos para costear estudios en la educación superior privada dejan mal paradas a las universidades públicas del país. Frente al apoyo presupuestal limitado y a cuenta gotas que reciben año con año, la medida presidencial anunciada hace unos días deja en claro hacia dónde van las prioridades de las políticas educativas.
Para los rectores, es claro que la medida anunciada por el Presidente Felipe Calderón debe ser atendida con mucha cautela y reservas. Es un hecho que va a contracorriente del apoyo a la educación superior pública que tanto han demandado en los últimos años.
No muchos se atreven a cuestionar aún el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, pero desde ahora, quienes han levantado la voz, advierten que se trata de una decisión con beneficios muy acotados.
Ni la cobertura, ni la equidad, ni la permanencia o mucho menos la eficiencia terminal en el sistema de educación superior se van a ver beneficiadas sobremanera. Explican los rectores que no es un programa que vaya a impactar de manera positiva en los indicadores.
De nuevo, comentan, la educación superior pública queda en segundo término, aunque en sus aulas se desarrolle la mayor parte de la investigación, se encuentre el grueso de los científicos y se tenga al mayor número de alumnos.
Una medida que a todas luces, señalan, que va en detrimento de esas mismas instituciones que se han esforzado en impulsar la calidad e implementar mecanismo de rendición de cuentas para un mejor uso de los recursos públicos.
Por ello, el Programa tiene que ser revisado a fondo, o incluso reorientar la inversión que se anunció para el mismo. Incluso, dicen algunos de los entrevistados, las reglas de operación de ese fondo tienen que ser muy clara y precisa para evitar que sea empleado solamente como una estratagema en tiempos electorales.
Con las limitaciones del caso
Para Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior no camina al parejo con la prioridad que han defendido las instituciones públicas en los últimos años, la cual tiene que ver con el fortalecimiento de éstas.
La asignación de recursos presupuestales a las universidades públicas del país tiene que ser una de las líneas centrales de la política educativa, no el financiamiento anunciado por el Mandatario.
Si bien es plausible lo que pueda hacerse para mejorar la cobertura del sistema de educación superior; “lo que creo que está mal son las prioridades, primero debe fortalecerse la educación superior pública y luego lo que se pueda hacer a partir de la educación privada”, dice.
Y es que, como lo apunta el rector general de la UAM, con este tipo de programas se confirma que como país no se ha tenido la capacidad de ofrecer educación superior a todos los jóvenes en edad de ir a la universidad.
“Tenemos que fortalecer la educación superior pública, máxime cuando hay instituciones que están haciendo un esfuerzo por crecer y contribuir en una proporción mayor a mejorar la cobertura en este sector y que merecerían un apoyo consistente con esa intención”, comenta.
En ese sentido, el ahora ex rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Fernando Bilbao Marcos, plantea que el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior no parece ser una propuesta demasiado viable, sobre todo si se toma en cuenta las experiencias que se han tenido en países como Chile y España.
Bilbao Marcos sabe que más allá de beneficiar a aquellos estudiantes que desean incorporarse al sistema de educación superior del país, se corre el riesgo de entrar en un endeudamiento que afecte a cientos de familias.
“Me parece que aquí lo que estamos viendo es que el Gobierno Federal deja de fortalecer a las universidades públicas, a pesar de los esfuerzos que éstas han hecho en los últimos años, y se opta por las instituciones privadas”, sostiene.
A decir del ex rector de la Autónoma de Morelos, esta medida que anunciara el Presidente hace unos días no debe de sorprender demasiado, si se toma en cuenta que a lo largo de esta administración las universidades públicas han tenido que remar contra la corriente para incrementar el apoyo presupuestal.
“Se trata de un asunto de prioridades, cuando se demanda un mayor soporte para la educación superior pública del país, se tienen que escuchar estas demandas porque eso es lo que requiere le país”, explica.
No es la línea adecuada
En concordancia, Raúl Arias Lovillo, rector de la Universidad Veracruzana, apunta que el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, debe leerse como un intento por dar un giro hacia la educación superior privada, en vez de dar todo el respaldo al modelo educativo de las universidades públicas.
“Creo que la del presidente Felipe Calderón no es la mejor alternativa, me parece que es contrario a un verdadero proyecto que logrará apoyar de una vez por todas a la educación pública del país, en México está plenamente demostrado que el mejor proyecto que siempre se ha tenido es la de una educación pública”, explica.
De acuerdo con el rector de la UV, dicho programa no corresponde al trabajo que han hecho las instituciones públicas de educación superior en áreas como la investigación científica, tecnológica y humanística.
“En ese sentido, no comparto el proyecto, a mí me gustaría ver cumplida la palabra del propio Felipe Calderón, comprometida precisamente en el 2006 en Veracruz, pero queda poco tiempo y espero que en el futuro quien sea el próximo presidente de este país apoye decididamente la educación pública en el país”, enfatiza.
Por ello, Fernando Bilbao Marcos insiste en que las universidades públicas, manifestó que han demostrado tener excelencia académica, por lo que los más de mil millones de pesos que se van a invertir en este programa de créditos a la educación superior, debieran ser reorientados.
“Una mejor opción sería que las universidades públicas estatales recibieran mayo apoyo para crecer y puedan invertir aún más en investigación, en mejorara sus planes de estudio, el nivel de sus académicos, en fin, muchas áreas que se tienen que limitar frente a la falta de recursos”, considera.
Seguimiento al programa
Lo que es un hecho, es que el programa de financiamiento anunciado tiende a privatizar la educación y puede ser electorero, dice con todas sus letras el Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Para el legislador y ex rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), José Trinidad Padilla López, los llamados créditos educativos son una copia "a la mexicana" de otros programas educativos implementados en países como Estados Unidos y Chile, que ayudaron a privatizar el sistema con la ayuda de recursos públicos.
La idea, dice es que se incremente en un 10 por ciento la matrícula en las instituciones participantes y se les apoye frente a la disminución de alumnos que han enfrentado en los años recientes producto de las crisis económica.
"Es una respuesta a la demanda de hace muchos años del sector privado de la educación superior y de cierto sector empresarial, vinculado a ciertos intereses mercantilizadores de un bien público como es la educación, para que haya recursos del Gobierno, recursos públicos que puedan beneficiar y fortalecer el sistema privado educativo", apunta.
Por ello, Padilla López advierte que este programa debe ser visto con muchas reservas y debe seguirse de cerca porque se corre el riesgo de que sea empleado para otros fines que nada tienen que ver con el tema educativo.
"Tengo mis serias reticencias respecto a los posibles usos electorales que se le pueda dar a este programa, así como el otro del año pasado de la exención de pago de las colegiaturas", puntualiza.
El legislador advierte que este programa de financiamiento podría tener los mismos resultados de un plan de beca-crédito que el Conacyt implementó en los 90s, en el que la deuda se fue a fondo perdido porque se volvió impagable.
Apostar por lo público
Frente a este escenario, el rector general de la UAM comenta que el país le tiene que apostar a la ciencia, la tecnología y la innovación. No se va a dar un salto si no se van destinar recursos a esas actividades.
Advirtió que para mejorar el presupuesto para las instituciones de educación superior es necesario impulsar una reforma fiscal integral, y recordó que México es el país que, como porcentaje del Producto Interno Bruto, tiene la menor recaudación fiscal de todas las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
O incluso, insistir en lo que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha pugnado que son los presupuestos plurianuales para permitir a las instituciones tener certeza de cumplir sus compromisos.
De ahí que el rector de la UV sostenga que, hacia el futuro, deben crearse los mecanismos adecuados para contar con una educación pública de calidad, a la cual se integre la educación privada de calidad.
“A mí parece que en este proceso lo único que hace es fortalecer a los organismos privados que son contrarios a los grandes proyectos nacionales”, comenta.
Y, a diferencia de Padilla López, Arias Lovillo no considera que este programa de créditos vaya a redituar en el escenario electoral y haya sido anunciado sólo con esa intención.
“Díganme qué candidato puede pararse frente al electorado y decir: yo voy a privatizar la educación en México, no sería conveniente; por el contrario, “México necesita replantearse completamente su proyecto educativo, necesitamos formar a nuestros jóvenes para el futuro, para que no podamos repetir la historia tan grave que vive México y eso es con una perspectiva de largo alcance”, añade.
"Yo no discuto eso porque hay universidades privadas muy importantes y de buena calidad como del mismo modo en que las hay muy buenas y malas en la educación pública. Pero lo que tenemos que ver hacia el futuro es que haya una universidad pública fortalecida con una universidad privada de calidad integrada al sistema educativo", finaliza.
Fuente
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Crédito universitario: el costoso rescate de las privadas
Roberto Rodríguez Gómez
Campus Milenio. - México.
26 de enero de 2012
El Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior (Pronafies) es una iniciativa presidencial que recicla un mecanismo para fondear, mediante recursos fiscales, créditos a estudiantes de educación superior privada. Fue anunciado, con bombo y platillo, el pasado 9 de enero en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey: “Hoy, precisamente, estamos cumpliendo una promesa (…) de poner en marcha un Programa de Crédito Educativo para Estudiantes Universitarios, que va a corregir y va a darle un gran componente de equidad a la educación universitaria de carácter particular.” (Felipe Calderón Hinojosa, en el anuncio del Pronafies).
El programa consiste, básicamente, en la opción de adquirir un crédito de mediano plazo para inscripción y colegiaturas en programas de licenciatura y posgrado. El crédito, que requiere de un aval solidario, se anuncia con una tasa de interés fija de diez por ciento anual, aunque aún no se ha dado a conocer el valor de costo anual total (CAT) implícito.
A pesar de haber sido publicitado como una política novedosa, lo cierto es que en México han existido y persisten varios programas de crédito universitario apoyados en recursos públicos. El más ambicioso, por su escala nacional, fue el implementado a través de la Sociedad de Fomento a la Educación Superior (SOFES), establecida en 1996 y en la actualidad en proceso de liquidación total.
Además de ésta, los programas estatales de crédito creados en distintas fechas: Sonora (Instituto de Crédito Educativo del Estado de 1970), Aguascalientes (Instituto de Crédito Educativo y Becas del Estado de Aguascalientes 1997), Guanajuato (Instituto de Financiamiento e Información para la Educación del Estado de Guanajuato 1999), Tamaulipas (Instituto Tamaulipecos de Becas, Estímulos y Créditos Educativos 2000), Quintana Roo (Instituto de Crédito Educativo del Estado de Quintana Roo 2002), Puebla (Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Puebla 2004), Hidalgo (Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior 2003), Yucatán (Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 2006), y Baja California (Instituto de Créditos y Apoyos Educativos de Baja California 2007).
Los institutos estatales de crédito universitario son distintos entre sí en estructura y funcionamiento, aunque tienen en común el uso de recursos públicos locales para subsidiar parcialmente el programa respectivo. También tienen en común un rango de cartera vencida considerable (entre diez y treinta por ciento), desde luego mayor mientras más antigua la institución. Interesante: con excepción de los correspondientes a Guanajuato, Yucatán y Baja California, el resto fueron creados por administraciones del PRI.
El caso SOFES es aún de mayor interés como antecedente del actual programa. Se fundó mediante la asociación financiera de cuarenta universidades privadas integrantes de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES). En 1999 recibió, para apoyar sus operaciones, un crédito del Banco Mundial avalado y complementado por el gobierno a través del Banco Nacional de Obras Públicas y Servicios Públicos (Banobras). El crédito contratado con el organismo internacional fue de 140 millones de dólares y Banobras aportó un tanto igual.
Según el prospecto del Banco Mundial (MXPE49895), elaborado por el economista Jamil Salmi, el objetivo central del programa consistía en “asistir al Gobierno en promover una mayor equidad y calidad en la preparación de graduados universitarios”. En el mismo documento, Salmi advertía dos riesgos importantes: uno de viabilidad financiera, relacionado con las futuras posibilidades de pago de los estudiantes, y otro de capacidad recaudatoria de parte de la entidad financiera, es decir de la SOFES. De alguna manera ambos riesgos se cumplieron y el proyecto tuvo que ser cancelado una década más tarde, tras haber otorgado más de 27 mil créditos en ese periodo.
La experiencia de SOFES ha sido ampliamente estudiada y documentada. En la bibliografía internacional se aprecia como un caso exitoso aunque con logros limitados. Se valora, por ejemplo, el modelo de gestión desarrollado, que siempre evitó costos burocráticos excesivos. También se reconoce que los estudiantes beneficiados tuvieron rendimientos académicos cuando menos iguales a los alumnos sin créditos, lo que no siempre ocurre. Por último, se aprecia que el programa fue útil como una alternativa financiera.
¿Por qué entonces fracasó SOFES? Principalmente por un diseño financiero inadecuado: los plazos de vencimiento de pagos para las instituciones asociadas eran mucho más cortos que los correspondientes a la recuperación de los créditos otorgados a los estudiantes. Eso, y la creciente cartera vencida abrieron un escenario de inviabilidad financiera. SOFES se restructuró como una sociedad de financiamiento de objeto limitado (SOFOL) y buscó modificar el esquema de crédito original, indexado a UDIS, sustituyéndolo por tasa de interés fija. Pero, para acabar pronto, las instituciones accionistas decidieron que la mejor opción era liquidar la sociedad.
La experiencia indica que el nuevo programa tampoco va a funcionar, desde el punto de vista financiero. Eso es seguro. Salvo que su intención se limite a un costosísimo esquema de reactivación y rescate del sector privado universitario.
Fuente
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Maltrato, resistencias y respuestas a la política de créditos educativos
Humberto Muñoz García
Campus Milenio. - México.
26 de enero de 2012
Las universidades públicas de carácter autónomo son instituciones que están en disputa por su importancia para el desarrollo de México. De tiempo en tiempo, el gobierno las coloca en tensión. Anualmente, por la rebatinga del presupuesto y los fondos extraordinarios, a través de mecanismos de evaluación que se emplean como instrumentos de control político.
Otras veces, la animosidad ha surgido en momentos históricos específicos. En el gobierno de De la Madrid (1982-88), se concibió a las universidades públicas como ineficientes, ineficaces, poco productivas y consumidoras de una gran cantidad de recursos económicos, que no justifican y de los cuales no rinden cuentas. Argumentos, todos, que la realidad histórica ha desmentido.
A fines del Siglo XX, se dejó caer a la UNAM en una huelga extraordinariamente desgastante para romper lo que llamaban el mito de la gratuidad. Ernesto Zedillo era favorable a las cuotas, desde que era secretario de educación. Las presiones externas, la preparación de la alternancia, y el poco tino de las fuerzas internas, militaron para desinstitucionalizar a la Universidad. Después, vendría una recuperación que la colocó en un primer plano de prestigio, gracias al esfuerzo de su Rector y al compromiso de la comunidad académica con su trabajo.
En Febrero del año pasado (2011), el presidente de la República emitió un decreto por el cual se puede deducir el pago de las colegiaturas del impuesto sobre la renta. La medida tendrá impacto justo en este período electoral (2012). La deducibilidad es para que la iniciativa privada avance, con seguridad financiera, en el campo educativo, para que los que sí pueden pagar su educación reciban un estímulo económico de parte de los contribuyentes por 13 mil millones de pesos.
En aquel entonces, el Rector José Narro señaló la importancia que tendrían los descuentos para ampliar la matrícula de educación privada. Además, dijo que el gobierno posiblemente encontraría recursos para hacer un bono educativo para la parte privada, con lo que estaríamos en desacuerdo, porque se privatiza dinero público que le hace falta a las universidades públicas.
Así, Felipe Calderón presentó (enero de 2012) el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, a través del cual se van a otorgar créditos (por 2500 millones de pesos) a los estudiantes universitarios. Varios colegas ya han comentado lo inapropiado de esta medida. El Presidente la tomó para favorecer a un sector de las clases medias y sin tener en cuenta ni la historia ni la realidad social por la que atraviesa el país. Tampoco quiso ver el contexto internacional, en el cual se han desatado movimientos estudiantiles contra este tipo de programas, que pone en deuda el futuro de los jóvenes.
Este recuento ilustra lo que ya todos saben: el neoliberalismo ataca la existencia de lo público; los últimos gobiernos priístas y los panistas han contribuido a desmantelar la educación pública. Han sido aliados del sindicato de maestros y, ahora, el gobierno favorece la expansión del capital nacional y transnacional en la educación superior, otorgando recursos públicos para que tal expansión ocurra. La Presidencia de la República supone que la educación es una mercancía, que la compra quien puede pagarla. Los créditos y los réditos se asocian a nuevas formas de crear desigualdad y al pesimismo como perspectiva de futuro.
Por lo que toca a las universidades públicas, el gobierno las está colocando en un marco de competencia desigual entre ellas y con las privadas. Sus voceros están usando los estudios comparativos para señalar que hay una lista negra de universidades públicas, cuando la intención es descubrir a qué instituciones hay que apoyar para elevar el nivel de calidad de todo el sistema. Juego sucio, que tampoco es de extrañar en el ambiente político actual.
Lo nuevo de todo esto, entonces, no son las agresiones, sino la aparición de resistencias. Responderemos defendiendo a la universidad pública, a la autonomía, a la idea de un espacio de investigación que se junta con la docencia. Sosteniendo la urgencia de formar investigadores, por las necesidades de producción, consumo y distribución de conocimiento para elevar la competitividad, atender el mercado interno y fomentar el desarrollo integral de la sociedad. Teniendo cuidado para que el maltrato no haga que la indignación nos rebase, sino para usarla como una fuerza de cambio.
Fuente
José Blanco
La Jornada. - México.
17 de enero de 2012
Son tiempos de mercaderes; los neoliberales continúan con su espectáculo de chivos en cristalería.
Tal vez el actual podrido carcinoma que corroe al capitalismo haya puesto a pensar a algunos, pero son muy pocos. Los neoliberales no piensan, se alimentan, no del conocimiento del mundo, sino de un dogmatismo oscuro.
Calderón anunció el pasado 9 de enero que gobierno y particulares van a comenzar a vender educación superior, ahora sí en serio. Por lo pronto, se entregarán recursos que son de la sociedad, a 21 universidades privadas; los planteles que ya operan son: ITESM y las universidades de Monterrey, Regiomontana, Anáhuac México, Latinoamericana, Panamericana, Tecnológica, Popular Autónoma del Estado de Puebla, Jesuita de Guadalajara, Claustro de Sor Juana, Justo Sierra, Latina, Intercontinental, del Valle de Atemajac, Tangamanga y Contemporánea, y el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys). ¿Cuál de estas empresas puede ser llamada universidad?
Resulta miserable para cualquier ciudadano informado, haber oído un exaltado y autocelebratorio discurso –uno más–, como el que pronunció Felipe Calderón en el campus del Tec de Monterrey. Fue la celebración de la ignorancia –unas más–, esta vez sobre la educación superior, un asunto absolutamente crucial para el futuro del país.
Calderón, seguramente, no debe leer mucho más que los partes de guerra, pero aún puede revisar los medios estadunidenses que mil veces repitieron esta noticia durante 2011: “Los universitarios estadunidenses se ahogan en préstamos. Uno de cada cinco estudiantes será perseguido por impago. La deuda supera 995 mil millones de dólares. Ocuppy Wall Street llama a la insumisión” (véase, por ejemplo, Volunteer.tv.com, octubre, 2010). La tensión social en el sector estudiantil en el país vecino crecerá, si no se pone remedio a este estado de cosas de obvia raíz neoliberal.
Cuando a la inconsciencia sobre la índole y alcance de las decisiones se aúna la prepotencia de actuar al margen del conocimiento, como lo ha hecho Felipe Calderón, tenemos como resultado un despropósito, una sandez.
“Lo que no comprendemos no lo poseemos”, escribió con sencillez Johann W. Goethe. Ahí está Calderón, un ejemplo sobresaliente. En materia de educación, y de educación superior en particular, Calderón está en la inopia y a ésta aúna la ideología de las derechas: la educación como un servicio que el gobierno y los particulares deben vender a las familias de los estudiantes y a los estudiantes mismos. En abonos.
Calderón alardea: la tasa de interés “sólo” será de 10 por ciento. Pero si la inflación anual es de 4 por ciento, los bancos tendrán sus ganancias y las escuelas privadas también. Todo, con la garantía de los recursos públicos de Nacional Financiera. Si esto es así, una cabeza que no sea de mercader utilizaría esos recursos públicos para la educación pública coherentemente.
¿Quién le garantizará un empleo al egresado de una de esas egregias universidades, para que pueda pagar su hipoteca educativa? Alguien debe informar a Calderón que el conflicto por una educación al estilo de lo que ahora quiere, acabó por provocar un conflicto de proporciones de erupción volcánica en Chile, que lleva ya nueve meses. ¿No está enterado?
¿Cuáles “carreras” van a estudiar los estudiantes que se endeudarán con los bancos? Las de gis y pizarrón, por supuesto. Dizque derecho, contabilidad, dizque mercadotecnia, dizque cómputo, dizque sicología, etcétera. Por supuesto, Calderón ignora que en 2000 la Anuies encargó un estudio que mostró que alrededor de 50 por ciento de los egresados anuales del conjunto de las universidades no hallaban un empleo en la “carrera” que estudiaron, que ese hecho los llevaba a otro segmento de mercado con menores ingresos, desplazando aún más abajo a quienes ya ocupaban alguna plaza en este segundo segmento, y así en cadena descendente.
Sabemos que la cobertura aumentó de alrededor de 19/20 en 2000, a 30 por ciento en la actualidad, grosso modo. Puesto que no ha habido cambios estructurales en la educación superior, puede esperarse que quienes no cuentan con un puesto de trabajo en sus “carreras”, debió aumentar.
¿Con qué “carreras” ocurría eso más acentuadamente? Precisamente con las que se cursan en las escuelas particulares. ¿Por qué sucedía esto? Porque los mercados de estas “carreras” estaban saturados, porque la calidad de los egresados no cubría los requerimientos de la actualidad, porque se requieren otro tipo de egresados, temas que Calderón Hinojosa desconoce.
El señalado es apenas uno de una larga lista de problemas que aquejan a la educación superior, algunos de gran complejidad, que deben ser resueltos y no expandidos con la misma educación superior de siempre, pero ahora en abonos. Es preciso superar la aglomeración que conforman hoy las universidades mexicanas; es indispensable abandonar el modelo napoleónico de su organización; es inexcusable cambiar el paradigma de enseñanza-aprendizaje: las universidades deben dejar de impartir enseñanzas y en cambio generar aprendizajes susceptibles de ser evaluados y asegurados. Es imprescindible articular la producción científica y tecnológica y la innovación con la educación superior. La economía y la sociedad del conocimiento no es una frase sino una realidad, aunque ajena a la sociedad mexicana; que lo sea también para Calderón no es sorprendente, pero muestra bajo cuántas llaves está cerrada hoy la puerta del futuro del país.
Fuente
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La educación como negocio: un modelo
Javier Flores
La Jornada. - México.
17 de enero de 2012
El Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, puesto en marcha la semana pasada, es revelador de cómo imagina un sector minoritario y privilegiado de la sociedad mexicana que se debe formar a los profesionales y especialistas en México. Las principales características de este modelo, que prevé el otorgamiento de becas-crédito para realizar estudios de licenciatura y posgrado en instituciones educativas privadas, son las siguientes:
En el programa participan bancos e intermediarios financieros como Santander, Bancomer, HSBC, Banorte y Financiera Educativa de México. Tanto Nacional Financiera (Nafin) como la Secretaría de Hacienda aportarán fondos de garantía para respaldar el otorgamiento de créditos educacionales de los bancos. Por medio de este esquema, en 2012 el programa contará con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos. La acción del gobierno constituye un respaldo a las universidades privadas participantes, las cuales se beneficiarán con la totalidad de estos recursos (en algunos casos los préstamos ni siquiera alcanzan para cubrir los elevados costos de inscripción y colegiaturas). La banca, por su parte, recuperará todo el dinero prestado a los estudiantes, y además obtendrá como ganancia los intereses acumulados en 15 años por 23 mil jóvenes endeudados.
De acuerdo con un cálculo publicado el martes pasado por Salomón Rodríguez en El Economista, que cita como fuente a Nafin, los intereses para el nivel de licenciatura (en el cual el crédito que se otorgará por alumno es de 215 mil pesos), considerando la tasa de 10 por ciento anunciada, obligan a un pago total por cada estudiante de más del doble (564 mil pesos). En el posgrado, el crédito, que será de 280 mil pesos, obliga a cada joven a pagar en total 723 mil pesos. Lo anterior puede dar una idea del nivel de ganancias que obtendrán las universidades privadas y los bancos a costa de los 23 mil jóvenes “beneficiados”… Negocios son negocios.
Las instituciones de educación superior privadas participantes son los institutos Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y Educativo del Noroeste, así como las universidades Anáhuac, Panamericana, Intercontinental, Tecnológica de México, Latinoamericana, de Monterrey, del Valle de México, del Valle de Atemajac, del Claustro de Sor Juana, Regiomontana, Popular Autónoma del Estado de Puebla, Latina, Justo Sierra, Tangamanga, Contemporánea y la Salle. Se trata de instituciones muy heterogéneas, entre las cuales se encuentran algunas de prestigio y otras que generan dudas sobre la calidad de la enseñanza que imparten.
Por curiosidad me asomé a algunas de ellas, que antes del anuncio de Calderón no conocía (invito a los lectores a realizar este ejercicio). En la gran mayoría no se realiza investigación y no hay programas de doctorado. Por ejemplo, una de ellas ofrece sólo tres licenciaturas (arquitectura sustentable, administración y comunicación) y tres maestrías (comunicación educativa, comunicación organizacional y docencia), que desde luego no están incluidas en los padrones de posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El tema de la calidad aparece en este modelo como algo secundario. Pero independientemente de cuál sea su nivel, lo que hay en común en todas estas instituciones es que pronto escucharán sonar repetidamente sus cajas registradoras.
Por otra parte, no hay que olvidar que en las protestas estudiantiles en Chile y Colombia, en las que se aplica este modelo, los protestantes no solamente son estudiantes de las universidades públicas. Por ejemplo, en las movilizaciones de jóvenes en Bogotá, que tuve la oportunidad de conocer directamente (La Jornada, 22/11/11) y que obligaron al presidente Juan Manuel Santos a dar marcha atrás a su reforma, hubo una participación muy importante de estudiantes de las universidades privadas “beneficiados” con las becas-crédito que tanto gustan a Calderón.
En síntesis, las principales características de este modelo son: a) el gobierno es el impulsor de la iniciativa y garante (con recursos públicos) de la misma, b) los principales beneficiarios son los bancos y las instituciones de educación superior privadas, c) los estudiantes adquieren simultáneamente una carrera y una deuda, d) la calidad de la educación dentro de este modelo no es un factor de importancia.
Finalmente, el programa no tiene una idea clara que lo sustente, más allá de beneficiar a los sectores señalados. Tampoco cuenta con metas a las cuales dirigirse. Por ejemplo, no importan las áreas del conocimiento que deban ser fortalecidas en beneficio del país, y no hay forma de saber de qué manera por medio de este instrumento México podría aumentar su competitividad o fortalecer su presencia en el ámbito internacional.
Aun así, éste es el modelo que algunos imaginan –y desean– que pudiera extenderse a la educación superior pública.
Fuente
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Crédito educativo: mentalismo de fin de sexenio
Pedro Flores Crespo
Campus Milenio. - México.
19 de enero de 2012
Al anunciar el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior (Pronafies), el presidente Felipe Calderón expresó una serie de supuestos sobre los beneficios de estos esquemas de crédito que más pareció un ejercicio de mentalismo de fin de sexenio que un ejercicio de persuasión política. El mentalismo, como usted sabe, postula que es la fuerza de la mente lo que crea la realidad. Según el titular del ejecutivo, gracias a los créditos otorgados a los jóvenes que deseen estudiar en alguna universidad privada, se va a “corregir” la inequidad que existe dentro del sistema universitario, pues ahora los jóvenes de “bajos recursos” podrán pagar las inscripciones y colegiaturas en ese tipo de instituciones educativas.
Contrario a las creencias del ejecutivo, la experiencia internacional muestra que los jóvenes de las clases mejor acomodadas son los más proclives a aceptar este tipo de endeudamientos mientras que los pobres, económicamente hablando, al igual que las minorías son reticentes a utilizar tales esquemas (véase T.G. Mortenson). Una de las razones por la cuales los jóvenes y sus familias rechazan contratar este tipo de créditos es el nivel de endeudamiento que preven y en este sentido, no está de más recordar que en octubre pasado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció un programa para aliviar la deuda de 450 mil estudiantes de bajos ingresos que había solicitado un crédito para estudiar. ¿No le dice nada al gobierno mexicano este tipo de experiencias?
En lugar de dar por sentado que el Pronafies va a funcionar “bien” y de aventurarse a decir que le va a “meter” más dinero, el presidente Calderón pudo haber defendido su propuesta diciendo cómo va a enfrentar el gobierno los clásicos problemas que estos tipos de esquemas de crédito generan.
Ampliar la equidad en la educación superior no sólo implica asegurar que todo el que quiera entre a la universidad de su elección, sino que los cursos y programas académicos sean de alta calidad. Lo preocupante es que el titular del Ejecutivo asume que la oferta educativa de las instituciones particulares es sinónimo de “calidad” cuando esto, con los actuales esquemas de evaluación, certificación y acreditación, no puede demostrarse objetivamente. Por extraño que parezca, en México aún no podemos saber, con certeza, qué tipo de universidad – sea ésta pública o privada – está formando invariablemente a los profesionales más sensibles, capaces y críticos.
Al anunciar el Pronafies, el sesgo ideológico del presidente de México fue patente. Quizás esta inclinación explica por qué el Pronafies va a recibir 2,500 millones de pesos mientras que el Programa Nacional de Becas de Educación Superior (Pronabes) que apoya a los jóvenes de escasos recursos en las universidades públicas, recibió, en el ciclo escolar 2010-2011, casi mil millones menos, es decir, 1,536.7 millones, según lo informó el propio Calderón en su quinto informe de gobierno. ¿O de lo que se trata es de darle mayores ganancias a los bancos participantes?
Impulsar políticas por pura creencia ideológica puede causar más perjuicios que bondades y para evitarlo, se tendría echar mano de un ejercicio empírico que demuestra la efectividad de los esquemas de crédito educativo. Que sea la efectividad y no la ideología la base primordial para la promoción y el cambio de políticas.
Es por esto mismo que opino que la mera existencia de un esquema de crédito para poder asistir a la universidad no puede ser considerada como una “locura”. Pero un país como México cuya proporción de jóvenes cursando la licenciatura es relativamente baja (25%, según Manuel Gil), cualquier apoyo para tratar de aumentar el número de personas calificadas debe ser estudiada y discutida de manera amplia, si en verdad se desea generar un beneficio para todos.
Sin caer en ingenuidades, el enfoque de políticas basado en la evidencia podría ser más conveniente cuando un gobierno desea ser competitivo y desea ganar elecciones democráticamente. ¿Qué lecciones concretas le ofrece al gobierno federal la operación de los institutos de crédito estatales? ¿Se han preguntado en la presidencia de la República por qué las “becas-crédito” de posgrado al extranjero que ofrecía el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dejaron de considerarse como tal para convertirse solamente en becas?
No es con el mentalismo del presidente de la República o siguiendo a ciegas una ideología como se puede ser competitivo electoral y políticamente. Si los representantes de Acción Nacional no lo han comprendido, que empiecen a contar sus días en Los Pinos.
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Los créditos educativos quebrantan la educación superior
Carlos Reyes
Campus Milenio. - México.
26 de enero de 2012
Los créditos educativos para costear estudios en la educación superior privada dejan mal paradas a las universidades públicas del país. Frente al apoyo presupuestal limitado y a cuenta gotas que reciben año con año, la medida presidencial anunciada hace unos días deja en claro hacia dónde van las prioridades de las políticas educativas.
Para los rectores, es claro que la medida anunciada por el Presidente Felipe Calderón debe ser atendida con mucha cautela y reservas. Es un hecho que va a contracorriente del apoyo a la educación superior pública que tanto han demandado en los últimos años.
No muchos se atreven a cuestionar aún el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, pero desde ahora, quienes han levantado la voz, advierten que se trata de una decisión con beneficios muy acotados.
Ni la cobertura, ni la equidad, ni la permanencia o mucho menos la eficiencia terminal en el sistema de educación superior se van a ver beneficiadas sobremanera. Explican los rectores que no es un programa que vaya a impactar de manera positiva en los indicadores.
De nuevo, comentan, la educación superior pública queda en segundo término, aunque en sus aulas se desarrolle la mayor parte de la investigación, se encuentre el grueso de los científicos y se tenga al mayor número de alumnos.
Una medida que a todas luces, señalan, que va en detrimento de esas mismas instituciones que se han esforzado en impulsar la calidad e implementar mecanismo de rendición de cuentas para un mejor uso de los recursos públicos.
Por ello, el Programa tiene que ser revisado a fondo, o incluso reorientar la inversión que se anunció para el mismo. Incluso, dicen algunos de los entrevistados, las reglas de operación de ese fondo tienen que ser muy clara y precisa para evitar que sea empleado solamente como una estratagema en tiempos electorales.
Con las limitaciones del caso
Para Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior no camina al parejo con la prioridad que han defendido las instituciones públicas en los últimos años, la cual tiene que ver con el fortalecimiento de éstas.
La asignación de recursos presupuestales a las universidades públicas del país tiene que ser una de las líneas centrales de la política educativa, no el financiamiento anunciado por el Mandatario.
Si bien es plausible lo que pueda hacerse para mejorar la cobertura del sistema de educación superior; “lo que creo que está mal son las prioridades, primero debe fortalecerse la educación superior pública y luego lo que se pueda hacer a partir de la educación privada”, dice.
Y es que, como lo apunta el rector general de la UAM, con este tipo de programas se confirma que como país no se ha tenido la capacidad de ofrecer educación superior a todos los jóvenes en edad de ir a la universidad.
“Tenemos que fortalecer la educación superior pública, máxime cuando hay instituciones que están haciendo un esfuerzo por crecer y contribuir en una proporción mayor a mejorar la cobertura en este sector y que merecerían un apoyo consistente con esa intención”, comenta.
En ese sentido, el ahora ex rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Fernando Bilbao Marcos, plantea que el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior no parece ser una propuesta demasiado viable, sobre todo si se toma en cuenta las experiencias que se han tenido en países como Chile y España.
Bilbao Marcos sabe que más allá de beneficiar a aquellos estudiantes que desean incorporarse al sistema de educación superior del país, se corre el riesgo de entrar en un endeudamiento que afecte a cientos de familias.
“Me parece que aquí lo que estamos viendo es que el Gobierno Federal deja de fortalecer a las universidades públicas, a pesar de los esfuerzos que éstas han hecho en los últimos años, y se opta por las instituciones privadas”, sostiene.
A decir del ex rector de la Autónoma de Morelos, esta medida que anunciara el Presidente hace unos días no debe de sorprender demasiado, si se toma en cuenta que a lo largo de esta administración las universidades públicas han tenido que remar contra la corriente para incrementar el apoyo presupuestal.
“Se trata de un asunto de prioridades, cuando se demanda un mayor soporte para la educación superior pública del país, se tienen que escuchar estas demandas porque eso es lo que requiere le país”, explica.
No es la línea adecuada
En concordancia, Raúl Arias Lovillo, rector de la Universidad Veracruzana, apunta que el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, debe leerse como un intento por dar un giro hacia la educación superior privada, en vez de dar todo el respaldo al modelo educativo de las universidades públicas.
“Creo que la del presidente Felipe Calderón no es la mejor alternativa, me parece que es contrario a un verdadero proyecto que logrará apoyar de una vez por todas a la educación pública del país, en México está plenamente demostrado que el mejor proyecto que siempre se ha tenido es la de una educación pública”, explica.
De acuerdo con el rector de la UV, dicho programa no corresponde al trabajo que han hecho las instituciones públicas de educación superior en áreas como la investigación científica, tecnológica y humanística.
“En ese sentido, no comparto el proyecto, a mí me gustaría ver cumplida la palabra del propio Felipe Calderón, comprometida precisamente en el 2006 en Veracruz, pero queda poco tiempo y espero que en el futuro quien sea el próximo presidente de este país apoye decididamente la educación pública en el país”, enfatiza.
Por ello, Fernando Bilbao Marcos insiste en que las universidades públicas, manifestó que han demostrado tener excelencia académica, por lo que los más de mil millones de pesos que se van a invertir en este programa de créditos a la educación superior, debieran ser reorientados.
“Una mejor opción sería que las universidades públicas estatales recibieran mayo apoyo para crecer y puedan invertir aún más en investigación, en mejorara sus planes de estudio, el nivel de sus académicos, en fin, muchas áreas que se tienen que limitar frente a la falta de recursos”, considera.
Seguimiento al programa
Lo que es un hecho, es que el programa de financiamiento anunciado tiende a privatizar la educación y puede ser electorero, dice con todas sus letras el Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Para el legislador y ex rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), José Trinidad Padilla López, los llamados créditos educativos son una copia "a la mexicana" de otros programas educativos implementados en países como Estados Unidos y Chile, que ayudaron a privatizar el sistema con la ayuda de recursos públicos.
La idea, dice es que se incremente en un 10 por ciento la matrícula en las instituciones participantes y se les apoye frente a la disminución de alumnos que han enfrentado en los años recientes producto de las crisis económica.
"Es una respuesta a la demanda de hace muchos años del sector privado de la educación superior y de cierto sector empresarial, vinculado a ciertos intereses mercantilizadores de un bien público como es la educación, para que haya recursos del Gobierno, recursos públicos que puedan beneficiar y fortalecer el sistema privado educativo", apunta.
Por ello, Padilla López advierte que este programa debe ser visto con muchas reservas y debe seguirse de cerca porque se corre el riesgo de que sea empleado para otros fines que nada tienen que ver con el tema educativo.
"Tengo mis serias reticencias respecto a los posibles usos electorales que se le pueda dar a este programa, así como el otro del año pasado de la exención de pago de las colegiaturas", puntualiza.
El legislador advierte que este programa de financiamiento podría tener los mismos resultados de un plan de beca-crédito que el Conacyt implementó en los 90s, en el que la deuda se fue a fondo perdido porque se volvió impagable.
Apostar por lo público
Frente a este escenario, el rector general de la UAM comenta que el país le tiene que apostar a la ciencia, la tecnología y la innovación. No se va a dar un salto si no se van destinar recursos a esas actividades.
Advirtió que para mejorar el presupuesto para las instituciones de educación superior es necesario impulsar una reforma fiscal integral, y recordó que México es el país que, como porcentaje del Producto Interno Bruto, tiene la menor recaudación fiscal de todas las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
O incluso, insistir en lo que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha pugnado que son los presupuestos plurianuales para permitir a las instituciones tener certeza de cumplir sus compromisos.
De ahí que el rector de la UV sostenga que, hacia el futuro, deben crearse los mecanismos adecuados para contar con una educación pública de calidad, a la cual se integre la educación privada de calidad.
“A mí parece que en este proceso lo único que hace es fortalecer a los organismos privados que son contrarios a los grandes proyectos nacionales”, comenta.
Y, a diferencia de Padilla López, Arias Lovillo no considera que este programa de créditos vaya a redituar en el escenario electoral y haya sido anunciado sólo con esa intención.
“Díganme qué candidato puede pararse frente al electorado y decir: yo voy a privatizar la educación en México, no sería conveniente; por el contrario, “México necesita replantearse completamente su proyecto educativo, necesitamos formar a nuestros jóvenes para el futuro, para que no podamos repetir la historia tan grave que vive México y eso es con una perspectiva de largo alcance”, añade.
"Yo no discuto eso porque hay universidades privadas muy importantes y de buena calidad como del mismo modo en que las hay muy buenas y malas en la educación pública. Pero lo que tenemos que ver hacia el futuro es que haya una universidad pública fortalecida con una universidad privada de calidad integrada al sistema educativo", finaliza.
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Crédito universitario: el costoso rescate de las privadas
Roberto Rodríguez Gómez
Campus Milenio. - México.
26 de enero de 2012
El Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior (Pronafies) es una iniciativa presidencial que recicla un mecanismo para fondear, mediante recursos fiscales, créditos a estudiantes de educación superior privada. Fue anunciado, con bombo y platillo, el pasado 9 de enero en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey: “Hoy, precisamente, estamos cumpliendo una promesa (…) de poner en marcha un Programa de Crédito Educativo para Estudiantes Universitarios, que va a corregir y va a darle un gran componente de equidad a la educación universitaria de carácter particular.” (Felipe Calderón Hinojosa, en el anuncio del Pronafies).
El programa consiste, básicamente, en la opción de adquirir un crédito de mediano plazo para inscripción y colegiaturas en programas de licenciatura y posgrado. El crédito, que requiere de un aval solidario, se anuncia con una tasa de interés fija de diez por ciento anual, aunque aún no se ha dado a conocer el valor de costo anual total (CAT) implícito.
A pesar de haber sido publicitado como una política novedosa, lo cierto es que en México han existido y persisten varios programas de crédito universitario apoyados en recursos públicos. El más ambicioso, por su escala nacional, fue el implementado a través de la Sociedad de Fomento a la Educación Superior (SOFES), establecida en 1996 y en la actualidad en proceso de liquidación total.
Además de ésta, los programas estatales de crédito creados en distintas fechas: Sonora (Instituto de Crédito Educativo del Estado de 1970), Aguascalientes (Instituto de Crédito Educativo y Becas del Estado de Aguascalientes 1997), Guanajuato (Instituto de Financiamiento e Información para la Educación del Estado de Guanajuato 1999), Tamaulipas (Instituto Tamaulipecos de Becas, Estímulos y Créditos Educativos 2000), Quintana Roo (Instituto de Crédito Educativo del Estado de Quintana Roo 2002), Puebla (Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Puebla 2004), Hidalgo (Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior 2003), Yucatán (Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 2006), y Baja California (Instituto de Créditos y Apoyos Educativos de Baja California 2007).
Los institutos estatales de crédito universitario son distintos entre sí en estructura y funcionamiento, aunque tienen en común el uso de recursos públicos locales para subsidiar parcialmente el programa respectivo. También tienen en común un rango de cartera vencida considerable (entre diez y treinta por ciento), desde luego mayor mientras más antigua la institución. Interesante: con excepción de los correspondientes a Guanajuato, Yucatán y Baja California, el resto fueron creados por administraciones del PRI.
El caso SOFES es aún de mayor interés como antecedente del actual programa. Se fundó mediante la asociación financiera de cuarenta universidades privadas integrantes de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES). En 1999 recibió, para apoyar sus operaciones, un crédito del Banco Mundial avalado y complementado por el gobierno a través del Banco Nacional de Obras Públicas y Servicios Públicos (Banobras). El crédito contratado con el organismo internacional fue de 140 millones de dólares y Banobras aportó un tanto igual.
Según el prospecto del Banco Mundial (MXPE49895), elaborado por el economista Jamil Salmi, el objetivo central del programa consistía en “asistir al Gobierno en promover una mayor equidad y calidad en la preparación de graduados universitarios”. En el mismo documento, Salmi advertía dos riesgos importantes: uno de viabilidad financiera, relacionado con las futuras posibilidades de pago de los estudiantes, y otro de capacidad recaudatoria de parte de la entidad financiera, es decir de la SOFES. De alguna manera ambos riesgos se cumplieron y el proyecto tuvo que ser cancelado una década más tarde, tras haber otorgado más de 27 mil créditos en ese periodo.
La experiencia de SOFES ha sido ampliamente estudiada y documentada. En la bibliografía internacional se aprecia como un caso exitoso aunque con logros limitados. Se valora, por ejemplo, el modelo de gestión desarrollado, que siempre evitó costos burocráticos excesivos. También se reconoce que los estudiantes beneficiados tuvieron rendimientos académicos cuando menos iguales a los alumnos sin créditos, lo que no siempre ocurre. Por último, se aprecia que el programa fue útil como una alternativa financiera.
¿Por qué entonces fracasó SOFES? Principalmente por un diseño financiero inadecuado: los plazos de vencimiento de pagos para las instituciones asociadas eran mucho más cortos que los correspondientes a la recuperación de los créditos otorgados a los estudiantes. Eso, y la creciente cartera vencida abrieron un escenario de inviabilidad financiera. SOFES se restructuró como una sociedad de financiamiento de objeto limitado (SOFOL) y buscó modificar el esquema de crédito original, indexado a UDIS, sustituyéndolo por tasa de interés fija. Pero, para acabar pronto, las instituciones accionistas decidieron que la mejor opción era liquidar la sociedad.
La experiencia indica que el nuevo programa tampoco va a funcionar, desde el punto de vista financiero. Eso es seguro. Salvo que su intención se limite a un costosísimo esquema de reactivación y rescate del sector privado universitario.
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Maltrato, resistencias y respuestas a la política de créditos educativos
Humberto Muñoz García
Campus Milenio. - México.
26 de enero de 2012
Las universidades públicas de carácter autónomo son instituciones que están en disputa por su importancia para el desarrollo de México. De tiempo en tiempo, el gobierno las coloca en tensión. Anualmente, por la rebatinga del presupuesto y los fondos extraordinarios, a través de mecanismos de evaluación que se emplean como instrumentos de control político.
Otras veces, la animosidad ha surgido en momentos históricos específicos. En el gobierno de De la Madrid (1982-88), se concibió a las universidades públicas como ineficientes, ineficaces, poco productivas y consumidoras de una gran cantidad de recursos económicos, que no justifican y de los cuales no rinden cuentas. Argumentos, todos, que la realidad histórica ha desmentido.
A fines del Siglo XX, se dejó caer a la UNAM en una huelga extraordinariamente desgastante para romper lo que llamaban el mito de la gratuidad. Ernesto Zedillo era favorable a las cuotas, desde que era secretario de educación. Las presiones externas, la preparación de la alternancia, y el poco tino de las fuerzas internas, militaron para desinstitucionalizar a la Universidad. Después, vendría una recuperación que la colocó en un primer plano de prestigio, gracias al esfuerzo de su Rector y al compromiso de la comunidad académica con su trabajo.
En Febrero del año pasado (2011), el presidente de la República emitió un decreto por el cual se puede deducir el pago de las colegiaturas del impuesto sobre la renta. La medida tendrá impacto justo en este período electoral (2012). La deducibilidad es para que la iniciativa privada avance, con seguridad financiera, en el campo educativo, para que los que sí pueden pagar su educación reciban un estímulo económico de parte de los contribuyentes por 13 mil millones de pesos.
En aquel entonces, el Rector José Narro señaló la importancia que tendrían los descuentos para ampliar la matrícula de educación privada. Además, dijo que el gobierno posiblemente encontraría recursos para hacer un bono educativo para la parte privada, con lo que estaríamos en desacuerdo, porque se privatiza dinero público que le hace falta a las universidades públicas.
Así, Felipe Calderón presentó (enero de 2012) el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, a través del cual se van a otorgar créditos (por 2500 millones de pesos) a los estudiantes universitarios. Varios colegas ya han comentado lo inapropiado de esta medida. El Presidente la tomó para favorecer a un sector de las clases medias y sin tener en cuenta ni la historia ni la realidad social por la que atraviesa el país. Tampoco quiso ver el contexto internacional, en el cual se han desatado movimientos estudiantiles contra este tipo de programas, que pone en deuda el futuro de los jóvenes.
Este recuento ilustra lo que ya todos saben: el neoliberalismo ataca la existencia de lo público; los últimos gobiernos priístas y los panistas han contribuido a desmantelar la educación pública. Han sido aliados del sindicato de maestros y, ahora, el gobierno favorece la expansión del capital nacional y transnacional en la educación superior, otorgando recursos públicos para que tal expansión ocurra. La Presidencia de la República supone que la educación es una mercancía, que la compra quien puede pagarla. Los créditos y los réditos se asocian a nuevas formas de crear desigualdad y al pesimismo como perspectiva de futuro.
Por lo que toca a las universidades públicas, el gobierno las está colocando en un marco de competencia desigual entre ellas y con las privadas. Sus voceros están usando los estudios comparativos para señalar que hay una lista negra de universidades públicas, cuando la intención es descubrir a qué instituciones hay que apoyar para elevar el nivel de calidad de todo el sistema. Juego sucio, que tampoco es de extrañar en el ambiente político actual.
Lo nuevo de todo esto, entonces, no son las agresiones, sino la aparición de resistencias. Responderemos defendiendo a la universidad pública, a la autonomía, a la idea de un espacio de investigación que se junta con la docencia. Sosteniendo la urgencia de formar investigadores, por las necesidades de producción, consumo y distribución de conocimiento para elevar la competitividad, atender el mercado interno y fomentar el desarrollo integral de la sociedad. Teniendo cuidado para que el maltrato no haga que la indignación nos rebase, sino para usarla como una fuerza de cambio.
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