Es un sistema de control de la constitucionalidad y de la legalidad, es medio por el cual logramos en forma efectiva la inviolabilidad de nuestra Constitución y la exacta aplicación de la ley común, su objeto es el de lograr una armonía y el equilibrio social entre la autoridad y la persona o la parte que la integran, y requiere petición de parte para ser iniciado y no es posible su trámite si no se excita su intervención por medio de una solicitud, de una demanda.

Como primera parte en el juicio encontramos al agraviado o quejoso que es la persona en quien recae en la violación constitucional y será éste el único capacitado para solicitar el amparo y la protección del sistema de Justicia Federal, si una persona directamente no agraviada por la violación constitucional solicita el amparo para la persona agraviada, es el caso de amparo interpuesto contra algún motivo violatorio (Véase Artículo 22° de la Constitución).

La autoridad responsable es también parte de éste juicio, el artículo 11 de la ley de Amparo considera como tal a “la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutarla ley o el acto reclamado”. Es importante mencionar que el amparo sólo puede interponerse en actos de la autoridad, no de particulares.
El Ministro Público, es también parte en todo el juicio de acuerdo al artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia, pero no representa una parte activa, es una parte reguladora de éste procedimiento, que vela por el cumplimiento de la normalidad procesal dentro del juicio, ni rinde pruebas, ni interpone recursos.
Si existe una tercera parte, o perjudicado, considerado la contraparte del quejoso, puede lograr privar los derechos adquiridos al quejoso al declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado.

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