frafraa
Bovino maduro
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La nueva ley busca evitar el castigo en los jóvenes y orientarlos para que no se repitan casos como los del ‘niño sicario’.
El Senado de la República aprobó en días pasados una Ley de Justicia para Adolescentes que toma en cuenta sus características biológicas y psicológicas, por lo que las sanciones que se proponen no están relacionadas específicamente con el castigo, sino con la necesidad de forjar en el adolescente experiencias formadoras de ciudadanía responsable.
En ese esquema sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible.
Bajo el principio de presunción de inocencia, la ley busca promover en los adolescentes que delinquen la comprensión del carácter negativo que el delito tiene para su comunidad y para sí mismos.
Durante la discusión del proyecto de ley, que entrará en vigor dos años después de su publicación, senadores como Pablo Gómez y Tomás Torres del PRD lamentaron la tardanza de un enfoque de respeto a la dignidad de los menores entre 12 y 18 años involucrados en procesos penales.
Ese enfoque, dijeron, habría evitado el linchamiento moral del que prácticamente fue objeto el llamado ‘niño sicario’ de Morelos, ya que esta ley señala que, en los casos en que sea inevitable que se sujeten a un procedimiento judicial se procurará que los adolescentes o adultos jóvenes sean expuestos lo menos posible y sólo de ser necesario, a ambientes hostiles, cuando deban comparecer frente a autoridades o deban estar en los lugares de detención.
La captura del adolescente de 14 años, que admitió haber degollado por lo menos a cuatro sujetos revivió el añejo debate sobre si un delincuente nace o se hace y si la herencia genética de Edgar N. puede explicar sus evidentes desórdenes psicológicos.
La discusión en torno a las motivaciones personales y las razones sociales que llevan a un adolescente a delinquir destapó las enormes lagunas en el sistema de justicia enfocado a la delincuencia juvenil, que impiden brindarles la protección que requieren como un grupo vulnerable, y, al mismo tiempo, eviten darles incentivos para la impunidad.
La historia de ‘El Ponchis’ se ha expuesto mediáticamente para evidenciar el fracaso de las políticas para reintegrar a los jóvenes que delinquen y brindarles oportunidades de readaptación social que reconozcan las patologías particulares de la adolescencia.
Habría tal vez que recordar el relato del profesor universitario que mandó a sus alumnos a visitar los barrios pobres de una comunidad para averiguar los antecedentes de 200 niños y a ninguno le concedieron esperanza sobre su futuro.
La atención del núcleo familiar y social a sus necesidades hizo la diferencia. Veinticinco años después, 176 de esos niños, entrevistados sobre su éxito personal y profesional dieron la misma respuesta: “salí adelante porque hubo alguien que se interesó en mí.”
Tomado de filos.mx
El Senado de la República aprobó en días pasados una Ley de Justicia para Adolescentes que toma en cuenta sus características biológicas y psicológicas, por lo que las sanciones que se proponen no están relacionadas específicamente con el castigo, sino con la necesidad de forjar en el adolescente experiencias formadoras de ciudadanía responsable.
En ese esquema sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible.
Bajo el principio de presunción de inocencia, la ley busca promover en los adolescentes que delinquen la comprensión del carácter negativo que el delito tiene para su comunidad y para sí mismos.
Durante la discusión del proyecto de ley, que entrará en vigor dos años después de su publicación, senadores como Pablo Gómez y Tomás Torres del PRD lamentaron la tardanza de un enfoque de respeto a la dignidad de los menores entre 12 y 18 años involucrados en procesos penales.
Ese enfoque, dijeron, habría evitado el linchamiento moral del que prácticamente fue objeto el llamado ‘niño sicario’ de Morelos, ya que esta ley señala que, en los casos en que sea inevitable que se sujeten a un procedimiento judicial se procurará que los adolescentes o adultos jóvenes sean expuestos lo menos posible y sólo de ser necesario, a ambientes hostiles, cuando deban comparecer frente a autoridades o deban estar en los lugares de detención.
La captura del adolescente de 14 años, que admitió haber degollado por lo menos a cuatro sujetos revivió el añejo debate sobre si un delincuente nace o se hace y si la herencia genética de Edgar N. puede explicar sus evidentes desórdenes psicológicos.
La discusión en torno a las motivaciones personales y las razones sociales que llevan a un adolescente a delinquir destapó las enormes lagunas en el sistema de justicia enfocado a la delincuencia juvenil, que impiden brindarles la protección que requieren como un grupo vulnerable, y, al mismo tiempo, eviten darles incentivos para la impunidad.
La historia de ‘El Ponchis’ se ha expuesto mediáticamente para evidenciar el fracaso de las políticas para reintegrar a los jóvenes que delinquen y brindarles oportunidades de readaptación social que reconozcan las patologías particulares de la adolescencia.
Habría tal vez que recordar el relato del profesor universitario que mandó a sus alumnos a visitar los barrios pobres de una comunidad para averiguar los antecedentes de 200 niños y a ninguno le concedieron esperanza sobre su futuro.
La atención del núcleo familiar y social a sus necesidades hizo la diferencia. Veinticinco años después, 176 de esos niños, entrevistados sobre su éxito personal y profesional dieron la misma respuesta: “salí adelante porque hubo alguien que se interesó en mí.”
Tomado de filos.mx
