tiburonxx
Bovino de la familia
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http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102411
Los recursos destinados al Congreso mexicano son cuantiosos y crecientes, aunque no excesivos en términos internacionales. La transparencia en su registro deja mucho que desear. La discrecionalidad y opacidad en el ejercicio del gasto es alarmante y sus índices de desempeño pobres. Esta situación es común en casi todas las entidades públicas del país pero es más grave en el Congreso porque se trata del poder encargado de aprobar el presupuesto y de vigilar su ejercicio. El órgano fiscalizador por excelencia no se deja fiscalizar y no rinde cuentas.
¿Mucho o poco?
En el año 2010 se destinaron más de nueve mil 500 millones de pesos al Poder Legislativo. De ellos, cuatro mil 754 millones de pesos fueron para la Cámara de Diputados, tres mil 570 para la de Senadores y mil 227 para la Auditoría Superior de la Federación. Los estados gastaron otros nueve mil 500 millones de pesos en sus respectivas legislaturas locales.
¿Mucho? ¿Poco? Depende de la comparación que elijamos.
Como porcentaje del gasto programable el presupuesto del Congreso es casi insignificante: sólo el 0.39%. En contraste, el Poder Judicial recibió 34 mil 24 millones (1.4%), la presidencia dos mil 261 millones (0.14%), el IFE en un año no electoral ocho mil 632 (0.36%) y la CNDH, 890 millones (0.04%). Pero si lo comparamos con el destinado a otras funciones, como las de procuración de justicia, el presupuesto del Poder Legislativo ya no aparece tan insignificante. La PGR tuvo 11 mil 781 millones, apenas dos mil más que el Legislativo. Al Programa de Apoyo Alimentario (Diconsa) se destinaron tan sólo cinco mil 110 millones, al Fondo de Apoyo para PyMEs (pequeñas y medianas empresas) cinco mil 890, a IMSS-Oportunidades siete mil 300.
La comparación más reveladora, sin embargo, quizás sea la internacional. En términos absolutos México dedica cuantiosos recursos a su Poder Legislativo, pero como proporción del gasto total se encuentra por debajo de la media de otros países latinoamericanos (0.48%).
Si se comparan los recursos con el número de legisladores de cada país, México vuelve a quedar por debajo de la media (1.8). Brasil gasta más de cuatro veces que México por legislador, aunque México gasta casi el doble que Colombia y más del doble que Uruguay. De hecho, México es uno de los países en los que el Poder Legislativo cuesta menos a cada habitante. A cada brasileño su Congreso le cuesta 24 dólares por año, a cada chileno nueve y a cada mexicano sólo siete.
El panorama cambia cuando se hace la comparación entre los sueldos. Después de Brasil, México tiene a los legisladores mejor pagados. Tomando tan sólo el salario nominal, un diputado mexicano gana 12 mil 310 dólares, casi el doble de la media que un legislador de América Latina. Las diferencias se hacen mucho más pronunciadas cuando se toman en cuenta prestaciones como el fondo de retiro, los seguros médicos y de vida y las subvenciones discrecionales que la mayoría de los otros Parlamentos no otorgan a sus legisladores y que se describen más adelante.
Al añadir estas prestaciones el salario de un legislador mexicano se eleva a 218 mil 449 pesos o 17 mil 800 dólares, salario superior al de los diputados estadunidenses que tienen un salario de 14 mil 500 dólares y al de países europeos parlamentarios como España, Gran Bretaña o Alemania cuyos legisladores reciben respectivamente siete mil 11, siete mil 858 y 11 mil dólares. Tomando como base esta cifra, el salario de un legislador equivale a 22 veces el ingreso per cápita promedio de los mexicanos y 122 veces el salario mínimo vigente en el país (ver gráficas 1 y 2).
Opacidad y discrecionalidad
Al Congreso se le dedican cada vez mayores recursos. En el año 2000 recibió tres mil 778 millones, pero en 2011 la cifra llegó a los 10 mil 210 millones, un crecimiento del 50.5% en términos reales. Los datos no permiten saber por qué si en estos años el número de legisladores y las funciones del Congreso se mantuvieron constantes, el presupuesto aumentó tanto. No queda más que especular que el crecimiento se debe a mayores remuneraciones y/o al mantenimiento de una pesada estructura administrativa que en la Cámara de Diputados llegó en 2011 a cinco mil 21 trabajadores y en la de Senadores a los dos mil 36 (ver gráfica 3).
Los datos disponibles permiten conocer cómo se distribuye el presupuesto en los capítulos tradicionales de toda entidad pública: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles y obras públicas. Pero hasta aquí llega la transparencia. Cuando dentro de cada uno de esos capítulos queremos encontrar en qué se gasta, cuáles son los criterios para asignar cada partida y qué los justifica, nos topamos con un doble muro de opacidad y discrecionalidad.
Un botón de muestra: al capítulo de Servicios Generales de la Cámara de Diputados se le asignaron en 2010, mil 817 millones de pesos. Dentro de ese capítulo existe una partida llamada Servicios Oficiales a la que se destinaron mil 472 millones, pero dentro de ésta hay una “subpartida” (la 3827), denominada Asignaciones a Grupos Parlamentarios que ascendió a mil 179 millones (¡mil 179 millones!), 24% de todo el presupuesto de la Cámara de Diputados.
La gran “subpartida” se entrega a los coordinadores parlamentarios, quienes la manejan de manera discrecional y sobre la que no se rinden cuentas. Abarca rubros de gasto como los siguientes: “remuneraciones al personal de carácter permanente, al de carácter transitorio, remuneraciones adicionales y especiales, seguridad social, otras prestaciones económicas y pagos de estímulos a servidores públicos”. La gran subpartida sirve también para pagar “servicios profesionales, científicos y técnicos, comunicación social y publicidad, traslado y viáticos, servicios oficiales”.
El ejercicio de estos recursos es un misterio. Tanto, que la propia Auditoría Superior de la Federación establece en sus informes que “no se le ha permitido el acceso a la documentación que sustenta la aplicación de los recursos en la partida 3827 por lo que la revisión se circunscribe sólo a verificar los recibos que emiten los representantes de los grupos parlamentarios”. Una verdadera partida secreta.
La misma opacidad reina con respecto a los ingresos de los diputados. Su remuneración se compone formalmente de: la dieta (75 mil 631), la asistencia legislativa (45 mil 786) y la atención ciudadana (28 mil 722). Un total de 150 mil 139 pesos. Ésta es la cifra que se maneja oficialmente como remuneración de los diputados, pero la realidad es otra, porque hay que agregarle las prestaciones a las que los legisladores tienen derecho. Sumadas las prestaciones el sueldo es de, al menos, 218 mil 449 pesos (ver tabla 1).
A los 218 mil 449 pesos hay que sumar otras prestaciones, de las cuales no fue posible obtener información y que completan las prestaciones “formales” de los diputados: gastos funerarios por fallecimiento de sus beneficiarios equivalente hasta un mes de dieta neta, ISSSTE, FOVISSSTE y SAR y, hasta el 2010, el seguro de gastos médicos menores.
La cifra resultante de esa historia todavía es sólo parte de la cuenta, pues si se analiza el presupuesto total de la Cámara aparecen otras transferencias. Por ejemplo, el presupuesto ejercido por concepto de boletos de avión durante 2010 fue de 87 millones 850 mil pesos, de los cuales 66 millones 450 mil corresponden a la “dotación ordinaria”, esto es, a los 329 diputados cuya residencia está a más de 300 kilómetros de la capital. Tocaría a cada uno 202 mil pesos anuales, sobresueldo equivalente a 16 mil 800 pesos al mes.* Lo mismo ocurre con otras partidas como la de Productos Alimenticios incorporada en el capítulo 2000 y que suma más de 90 millones de pesos.
Los cálculos anteriores corresponden a un diputado “de a pie”. En teoría, los coordinadores parlamentarios, los integrantes de los órganos de gobierno y los presidentes de las comisiones no reciben “sobresueldos”. Sin embargo, las comisiones ordinarias (que son 44) y las especiales (28) tienen una asignación mensual total de 35 mil 880 pesos por concepto de gastos de operación y cinco mil 440 en vales de alimentos. Adicionalmente, cada presidente recibe un “fondo fijo” para afrontar sus gastos por la cantidad de nueve mil 360 pesos mensuales sujetos a comprobación, un vehículo, un teléfono celular y recursos para contratar un secretario técnico, dos asesores y un asistente parlamentario cuyos sueldos ascienden a 131 mil 41 pesos.
Finalmente, la normatividad establece que las “prestaciones podrán ser modificadas, de conformidad con el marco jurídico aplicable y se sujetarán en todo momento a los presupuestos y a las disposiciones normativas aplicables y/o los acuerdos y lineamientos emitidos por los Órganos de Gobierno de la Cámara”. A través de disposiciones como ésta, el Congreso se da el lujo de otorgar subvenciones especiales a sus diputados “con motivo del cierre del ejercicio fiscal”, para cumplir con “compromisos legislativos extraordinarios” y hasta “para el pago de impuestos”.
Se sabe que los sueldos y prestaciones del personal administrativo de las Cámaras son similares a los que se reciben en la Administración Pública Federal y que el secretario general tiene un sueldo adscrito equivalente al de nivel de secretario de Estado.
Muchos recursos pocos resultados
Medir el desempeño de los legisladores es complicado. A diferencia de lo que se conoce como presupuesto por resultados en otras entidades, en el caso del Congreso es difícil aplicar la fórmula. ¿Cómo medir los resultados del trabajo de los legisladores? ¿Cuál es el producto?: el de la representación, el de la legislación, el de actuar como contrapeso a los otros poderes. La eficacia debiera medirse en función de la contribución que el trabajo legislativo hace al bienestar de un país y quizá al aprecio que por él muestra la ciudadanía. No obstante, la propia Cámara de Diputados, en sus reportes para la Cuenta Pública, liga el presupuesto con la estadística de las actividades legislativas, las cuales incluyen desde el número de sesiones e iniciativas hasta los acuerdos y ratificaciones.
Para la Cuenta Pública 2010 la Cámara de Diputados reporta un total de tres mil 109 “acciones legislativas” entre iniciativas, proposiciones, excitativas, dictámenes de iniciativas y permisos, independientemente de si fueron atendidos o no. Si se divide esta cifra entre el gasto total de la Cámara resulta que cada “producto” tuvo un costo de un millón 600 mil pesos. El panorama cambia si tomamos como unidad de medida las reformas y adiciones al marco jurídico. La Secretaría de Servicios Parlamentarios reporta la producción de 137 nuevas leyes, reformas y decretos en 2010. Si se toma éste como el universo total de productos legislativos durante 2010, cada uno habría tenido un costo de 35 millones 900 mil pesos.
El trabajo de las comisiones sería quizá un indicador más preciso de la labor de la Cámara de Diputados. Pero la información pública sobre su desempeño es escasa. Recientemente se aprobaron los Indicadores de Desempeño para aplicarse a las Comisiones Ordinarias y así evaluar el cumplimiento de sus tareas según los dictámenes producidos, el presupuesto ejercido, las reuniones realizadas y la asistencia de legisladores. No obstante, los resultados del primer estudio no fueron dados a conocer públicamente y a la petición de acceso a la información realizada para esta investigación se contestó que “los indicadores se encuentran en proceso de revisión y está pendiente contar con los definitivos”.
Lo que sí se sabe es que al término de la legislatura anterior (2009) las comisiones ordinarias presentaban un rezago de dos mil 973 iniciativas y minutas y de mil 189 puntos de acuerdo. El rezago es revelador sobre todo para una Cámara de Diputados como la mexicana que tiene un número excesivo de comisiones (42 ordinarias y 41 especiales) comparado con el número el número promedio de América Latina (23 comisiones ordinarias y 14 extraordinarias).
Otro indicador de eficacia es el de la duración de los periodos legislativos. Los Congresos latinoamericanos sesionan en promedio 266 días, México sólo 195. Si se toma únicamente a la Cámara de Diputados como referencia, resulta que cada sesión costó 94 millones 600 mil pesos y cada día de periodo legislativo 25 millones 200 mil (ver tabla 2).
La productividad no es el fuerte del Congreso. Tampoco la evaluación ciudadana de sus tareas. Latinobarómetro 2010 reporta un promedio de confianza hacia el Congreso de 34% para el conjunto de países latinoamericanos y sólo de 28% para México.
De entre los actores relevantes de la vida nacional, los ciudadanos califican con 5.8 a los diputados, colocándolos en último lugar, junto con los policías y los partidos políticos (Consulta-Mitofsky, junio 2011). Sólo 32% de los ciudadanos aprueba el trabajo de los diputados (Parametría, marzo 2011). Un 58% piensa que sus legisladores los representan poco o nada (Buendía y Laredo, agosto 2010).
Por su parte, no parecen rendir fruto alguno los recursos destinados a “atención ciudadana” y que ascienden a 28 mil 722 pesos mensuales netos o a 344 mil 664 anuales por legislador. Sólo 4% (Buendía y Laredo, agosto 2010) de los ciudadanos afirma haber tenido noticia alguna de sus diputados. Este hecho no debería resultar sorprendente. En ausencia de la reelección no hay incentivo para regresar al electorado pues éste no puede premiar ni castigar el desempeño. La conclusión es inevitable: tanto el Congreso como sus integrantes son percibidos por la ciudadanía como un cuerpo alejado de los intereses sociales y poco representativo, con escasa legitimidad y bajos niveles de calificación y aprecio.
Gastar menos o gastar mejor
Se puede gastar menos o se puede gastar mejor. Lo que no parece razonable es gastar mucho y mal. Tenemos un Congreso relativamente rico en recursos pero pobre en desempeño. Esto se debe a dos factores fundamentales. Por una parte, a la concentración del “poder de la bolsa” parlamentaria en los líderes de las fracciones que permite la asignación y ejercicio discrecional de los recursos. Por la otra, a la ausencia de un sistema de comisiones robusto y de cuerpos de asesoría apartidistas y especializados. La Cámara de Diputados cuenta con cinco centros de estudio a los que se destina apenas el 0.03% del presupuesto de la Cámara y que no constituyen un staff parlamentario profesional, moderno, capaz de dotar a los legisladores de información, estudios, proyectos y evaluaciones de política pública que nutran el trabajo legislativo. Resolver ambos problemas está al alcance de los legisladores: ellos son su propia solución.
:mota:
Los recursos destinados al Congreso mexicano son cuantiosos y crecientes, aunque no excesivos en términos internacionales. La transparencia en su registro deja mucho que desear. La discrecionalidad y opacidad en el ejercicio del gasto es alarmante y sus índices de desempeño pobres. Esta situación es común en casi todas las entidades públicas del país pero es más grave en el Congreso porque se trata del poder encargado de aprobar el presupuesto y de vigilar su ejercicio. El órgano fiscalizador por excelencia no se deja fiscalizar y no rinde cuentas.
¿Mucho o poco?
En el año 2010 se destinaron más de nueve mil 500 millones de pesos al Poder Legislativo. De ellos, cuatro mil 754 millones de pesos fueron para la Cámara de Diputados, tres mil 570 para la de Senadores y mil 227 para la Auditoría Superior de la Federación. Los estados gastaron otros nueve mil 500 millones de pesos en sus respectivas legislaturas locales.
¿Mucho? ¿Poco? Depende de la comparación que elijamos.
Como porcentaje del gasto programable el presupuesto del Congreso es casi insignificante: sólo el 0.39%. En contraste, el Poder Judicial recibió 34 mil 24 millones (1.4%), la presidencia dos mil 261 millones (0.14%), el IFE en un año no electoral ocho mil 632 (0.36%) y la CNDH, 890 millones (0.04%). Pero si lo comparamos con el destinado a otras funciones, como las de procuración de justicia, el presupuesto del Poder Legislativo ya no aparece tan insignificante. La PGR tuvo 11 mil 781 millones, apenas dos mil más que el Legislativo. Al Programa de Apoyo Alimentario (Diconsa) se destinaron tan sólo cinco mil 110 millones, al Fondo de Apoyo para PyMEs (pequeñas y medianas empresas) cinco mil 890, a IMSS-Oportunidades siete mil 300.
La comparación más reveladora, sin embargo, quizás sea la internacional. En términos absolutos México dedica cuantiosos recursos a su Poder Legislativo, pero como proporción del gasto total se encuentra por debajo de la media de otros países latinoamericanos (0.48%).
Si se comparan los recursos con el número de legisladores de cada país, México vuelve a quedar por debajo de la media (1.8). Brasil gasta más de cuatro veces que México por legislador, aunque México gasta casi el doble que Colombia y más del doble que Uruguay. De hecho, México es uno de los países en los que el Poder Legislativo cuesta menos a cada habitante. A cada brasileño su Congreso le cuesta 24 dólares por año, a cada chileno nueve y a cada mexicano sólo siete.
El panorama cambia cuando se hace la comparación entre los sueldos. Después de Brasil, México tiene a los legisladores mejor pagados. Tomando tan sólo el salario nominal, un diputado mexicano gana 12 mil 310 dólares, casi el doble de la media que un legislador de América Latina. Las diferencias se hacen mucho más pronunciadas cuando se toman en cuenta prestaciones como el fondo de retiro, los seguros médicos y de vida y las subvenciones discrecionales que la mayoría de los otros Parlamentos no otorgan a sus legisladores y que se describen más adelante.
Al añadir estas prestaciones el salario de un legislador mexicano se eleva a 218 mil 449 pesos o 17 mil 800 dólares, salario superior al de los diputados estadunidenses que tienen un salario de 14 mil 500 dólares y al de países europeos parlamentarios como España, Gran Bretaña o Alemania cuyos legisladores reciben respectivamente siete mil 11, siete mil 858 y 11 mil dólares. Tomando como base esta cifra, el salario de un legislador equivale a 22 veces el ingreso per cápita promedio de los mexicanos y 122 veces el salario mínimo vigente en el país (ver gráficas 1 y 2).
Opacidad y discrecionalidad
Al Congreso se le dedican cada vez mayores recursos. En el año 2000 recibió tres mil 778 millones, pero en 2011 la cifra llegó a los 10 mil 210 millones, un crecimiento del 50.5% en términos reales. Los datos no permiten saber por qué si en estos años el número de legisladores y las funciones del Congreso se mantuvieron constantes, el presupuesto aumentó tanto. No queda más que especular que el crecimiento se debe a mayores remuneraciones y/o al mantenimiento de una pesada estructura administrativa que en la Cámara de Diputados llegó en 2011 a cinco mil 21 trabajadores y en la de Senadores a los dos mil 36 (ver gráfica 3).
Los datos disponibles permiten conocer cómo se distribuye el presupuesto en los capítulos tradicionales de toda entidad pública: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles y obras públicas. Pero hasta aquí llega la transparencia. Cuando dentro de cada uno de esos capítulos queremos encontrar en qué se gasta, cuáles son los criterios para asignar cada partida y qué los justifica, nos topamos con un doble muro de opacidad y discrecionalidad.
Un botón de muestra: al capítulo de Servicios Generales de la Cámara de Diputados se le asignaron en 2010, mil 817 millones de pesos. Dentro de ese capítulo existe una partida llamada Servicios Oficiales a la que se destinaron mil 472 millones, pero dentro de ésta hay una “subpartida” (la 3827), denominada Asignaciones a Grupos Parlamentarios que ascendió a mil 179 millones (¡mil 179 millones!), 24% de todo el presupuesto de la Cámara de Diputados.
La gran “subpartida” se entrega a los coordinadores parlamentarios, quienes la manejan de manera discrecional y sobre la que no se rinden cuentas. Abarca rubros de gasto como los siguientes: “remuneraciones al personal de carácter permanente, al de carácter transitorio, remuneraciones adicionales y especiales, seguridad social, otras prestaciones económicas y pagos de estímulos a servidores públicos”. La gran subpartida sirve también para pagar “servicios profesionales, científicos y técnicos, comunicación social y publicidad, traslado y viáticos, servicios oficiales”.
El ejercicio de estos recursos es un misterio. Tanto, que la propia Auditoría Superior de la Federación establece en sus informes que “no se le ha permitido el acceso a la documentación que sustenta la aplicación de los recursos en la partida 3827 por lo que la revisión se circunscribe sólo a verificar los recibos que emiten los representantes de los grupos parlamentarios”. Una verdadera partida secreta.
La misma opacidad reina con respecto a los ingresos de los diputados. Su remuneración se compone formalmente de: la dieta (75 mil 631), la asistencia legislativa (45 mil 786) y la atención ciudadana (28 mil 722). Un total de 150 mil 139 pesos. Ésta es la cifra que se maneja oficialmente como remuneración de los diputados, pero la realidad es otra, porque hay que agregarle las prestaciones a las que los legisladores tienen derecho. Sumadas las prestaciones el sueldo es de, al menos, 218 mil 449 pesos (ver tabla 1).
A los 218 mil 449 pesos hay que sumar otras prestaciones, de las cuales no fue posible obtener información y que completan las prestaciones “formales” de los diputados: gastos funerarios por fallecimiento de sus beneficiarios equivalente hasta un mes de dieta neta, ISSSTE, FOVISSSTE y SAR y, hasta el 2010, el seguro de gastos médicos menores.
La cifra resultante de esa historia todavía es sólo parte de la cuenta, pues si se analiza el presupuesto total de la Cámara aparecen otras transferencias. Por ejemplo, el presupuesto ejercido por concepto de boletos de avión durante 2010 fue de 87 millones 850 mil pesos, de los cuales 66 millones 450 mil corresponden a la “dotación ordinaria”, esto es, a los 329 diputados cuya residencia está a más de 300 kilómetros de la capital. Tocaría a cada uno 202 mil pesos anuales, sobresueldo equivalente a 16 mil 800 pesos al mes.* Lo mismo ocurre con otras partidas como la de Productos Alimenticios incorporada en el capítulo 2000 y que suma más de 90 millones de pesos.
Los cálculos anteriores corresponden a un diputado “de a pie”. En teoría, los coordinadores parlamentarios, los integrantes de los órganos de gobierno y los presidentes de las comisiones no reciben “sobresueldos”. Sin embargo, las comisiones ordinarias (que son 44) y las especiales (28) tienen una asignación mensual total de 35 mil 880 pesos por concepto de gastos de operación y cinco mil 440 en vales de alimentos. Adicionalmente, cada presidente recibe un “fondo fijo” para afrontar sus gastos por la cantidad de nueve mil 360 pesos mensuales sujetos a comprobación, un vehículo, un teléfono celular y recursos para contratar un secretario técnico, dos asesores y un asistente parlamentario cuyos sueldos ascienden a 131 mil 41 pesos.
Finalmente, la normatividad establece que las “prestaciones podrán ser modificadas, de conformidad con el marco jurídico aplicable y se sujetarán en todo momento a los presupuestos y a las disposiciones normativas aplicables y/o los acuerdos y lineamientos emitidos por los Órganos de Gobierno de la Cámara”. A través de disposiciones como ésta, el Congreso se da el lujo de otorgar subvenciones especiales a sus diputados “con motivo del cierre del ejercicio fiscal”, para cumplir con “compromisos legislativos extraordinarios” y hasta “para el pago de impuestos”.
Se sabe que los sueldos y prestaciones del personal administrativo de las Cámaras son similares a los que se reciben en la Administración Pública Federal y que el secretario general tiene un sueldo adscrito equivalente al de nivel de secretario de Estado.
Muchos recursos pocos resultados
Medir el desempeño de los legisladores es complicado. A diferencia de lo que se conoce como presupuesto por resultados en otras entidades, en el caso del Congreso es difícil aplicar la fórmula. ¿Cómo medir los resultados del trabajo de los legisladores? ¿Cuál es el producto?: el de la representación, el de la legislación, el de actuar como contrapeso a los otros poderes. La eficacia debiera medirse en función de la contribución que el trabajo legislativo hace al bienestar de un país y quizá al aprecio que por él muestra la ciudadanía. No obstante, la propia Cámara de Diputados, en sus reportes para la Cuenta Pública, liga el presupuesto con la estadística de las actividades legislativas, las cuales incluyen desde el número de sesiones e iniciativas hasta los acuerdos y ratificaciones.
Para la Cuenta Pública 2010 la Cámara de Diputados reporta un total de tres mil 109 “acciones legislativas” entre iniciativas, proposiciones, excitativas, dictámenes de iniciativas y permisos, independientemente de si fueron atendidos o no. Si se divide esta cifra entre el gasto total de la Cámara resulta que cada “producto” tuvo un costo de un millón 600 mil pesos. El panorama cambia si tomamos como unidad de medida las reformas y adiciones al marco jurídico. La Secretaría de Servicios Parlamentarios reporta la producción de 137 nuevas leyes, reformas y decretos en 2010. Si se toma éste como el universo total de productos legislativos durante 2010, cada uno habría tenido un costo de 35 millones 900 mil pesos.
El trabajo de las comisiones sería quizá un indicador más preciso de la labor de la Cámara de Diputados. Pero la información pública sobre su desempeño es escasa. Recientemente se aprobaron los Indicadores de Desempeño para aplicarse a las Comisiones Ordinarias y así evaluar el cumplimiento de sus tareas según los dictámenes producidos, el presupuesto ejercido, las reuniones realizadas y la asistencia de legisladores. No obstante, los resultados del primer estudio no fueron dados a conocer públicamente y a la petición de acceso a la información realizada para esta investigación se contestó que “los indicadores se encuentran en proceso de revisión y está pendiente contar con los definitivos”.
Lo que sí se sabe es que al término de la legislatura anterior (2009) las comisiones ordinarias presentaban un rezago de dos mil 973 iniciativas y minutas y de mil 189 puntos de acuerdo. El rezago es revelador sobre todo para una Cámara de Diputados como la mexicana que tiene un número excesivo de comisiones (42 ordinarias y 41 especiales) comparado con el número el número promedio de América Latina (23 comisiones ordinarias y 14 extraordinarias).
Otro indicador de eficacia es el de la duración de los periodos legislativos. Los Congresos latinoamericanos sesionan en promedio 266 días, México sólo 195. Si se toma únicamente a la Cámara de Diputados como referencia, resulta que cada sesión costó 94 millones 600 mil pesos y cada día de periodo legislativo 25 millones 200 mil (ver tabla 2).
La productividad no es el fuerte del Congreso. Tampoco la evaluación ciudadana de sus tareas. Latinobarómetro 2010 reporta un promedio de confianza hacia el Congreso de 34% para el conjunto de países latinoamericanos y sólo de 28% para México.
De entre los actores relevantes de la vida nacional, los ciudadanos califican con 5.8 a los diputados, colocándolos en último lugar, junto con los policías y los partidos políticos (Consulta-Mitofsky, junio 2011). Sólo 32% de los ciudadanos aprueba el trabajo de los diputados (Parametría, marzo 2011). Un 58% piensa que sus legisladores los representan poco o nada (Buendía y Laredo, agosto 2010).
Por su parte, no parecen rendir fruto alguno los recursos destinados a “atención ciudadana” y que ascienden a 28 mil 722 pesos mensuales netos o a 344 mil 664 anuales por legislador. Sólo 4% (Buendía y Laredo, agosto 2010) de los ciudadanos afirma haber tenido noticia alguna de sus diputados. Este hecho no debería resultar sorprendente. En ausencia de la reelección no hay incentivo para regresar al electorado pues éste no puede premiar ni castigar el desempeño. La conclusión es inevitable: tanto el Congreso como sus integrantes son percibidos por la ciudadanía como un cuerpo alejado de los intereses sociales y poco representativo, con escasa legitimidad y bajos niveles de calificación y aprecio.
Gastar menos o gastar mejor
Se puede gastar menos o se puede gastar mejor. Lo que no parece razonable es gastar mucho y mal. Tenemos un Congreso relativamente rico en recursos pero pobre en desempeño. Esto se debe a dos factores fundamentales. Por una parte, a la concentración del “poder de la bolsa” parlamentaria en los líderes de las fracciones que permite la asignación y ejercicio discrecional de los recursos. Por la otra, a la ausencia de un sistema de comisiones robusto y de cuerpos de asesoría apartidistas y especializados. La Cámara de Diputados cuenta con cinco centros de estudio a los que se destina apenas el 0.03% del presupuesto de la Cámara y que no constituyen un staff parlamentario profesional, moderno, capaz de dotar a los legisladores de información, estudios, proyectos y evaluaciones de política pública que nutran el trabajo legislativo. Resolver ambos problemas está al alcance de los legisladores: ellos son su propia solución.
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