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Existe un amplio debate a escala mundial acerca de cuál es el tipo de régimen político más propicio para la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos. De manera unilateral, los países paneuropeos (es decir, Europa y sus ex colonias exitosas en América del Norte y la cuenca del Pacífico) han afirmado durante el último medio siglo que la democracia es el único tipo de gobierno capaz de embonar a la perfección con una vida en sociedad regida por los derechos humanos.
Algunos críticos de esta postura sostienen que no hay una regla de oro universal, evidente e irrefutable, que establezca que sólo la democracia es capaz de dar viabilidad a los derechos humanos. Sostienen que dicha afirmación sólo es parte de la ideología de las poderosas naciones paneuropeas para imponer su modo de ser a lo largo y ancho del planeta, así como para castigar, ya sea de manera económica o incluso militar, a los países que no se atienen a su modo de pensar; tales han sido los casos de las invasiones estadunidenses a Irak y Afganistán, por ejemplo.
No obstante que este tipo de crítica es saludable en la medida que pone un dique intelectual a las pretensiones neoimperialistas de los países poderosos del mundo, lo cierto es que, efectivamente, hasta el día de hoy, la forma de gobierno que ha demostrado la mayor capacidad y eficacia para garantizar y hacer respetar los derechos humanos es la democracia. Aquí, entonces, es preciso hacer una precisión de la mayor importancia. La democracia es una forma de gobierno en la que una mayoría decide, pero en la que todos participan. No puede decirse de un Estado que es democrático si no están incluidos todos los actores relevantes de una sociedad; por éstos, y para seguir la caracterización que desde el final del Renacimiento se ha hecho de la dignidad humana, se debe entender a todos y cada uno de los integrantes de una nación, independientemente de su nivel educativo, poder económico o el grupo étnico al que pertenezcan.
Esto representa un reto fundamental para la gran mayoría de los Estados que se dicen democráticos, porque lo que en la práctica ocurre es que la “democracia” la llevan a cabo las clases económicamente privilegiadas y un cierto porcentaje de las clases medias, mayoritariamente aquellas con una cierta instrucción escolar. Aunado a esto, existe la creciente tendencia a que los elementos formales de la democracia, como son las campañas, los usos y las personalidades políticas, se mezclen cada vez más con el dominio de la mafia, vía la corrupción, con lo que queda así minado el terreno para hacer valer con justicia la voluntad popular.
Una democracia de este tipo puede ser llamada “parcial” o “sesgada”. Dicha modalidad se ve exacerbada en el Tercer Mundo en general, y en el caso particular de América Latina cuenta con pesados lastres heredados del colonialismo peninsular de corte medieval. Por supuesto, una democracia sesgada (en la que estructuralmente se excluye a los más pobres, a los indígenas y a los iletrados) tiende a generar mucha más injusticia que respeto a los derechos humanos. La razón es simple y atroz: tácitamente no se considera que los excluidos de esa democracia tengan derechos humanos. De manera que una de las necesidades y también de las grandes encrucijadas tanto del subsistema político como de la sociedad civil, es abrir los cauces (políticos, mediáticos, de resistencia pacífica, etcétera) para exigir que las naciones se constituyan como una democracia real, cuya meta sea la expansión de los incluidos y no la constante generación de excluidos.

EL PRINCIPIO DE LA MAFIA
En un ambiente así, ciertamente los derechos humanos pueden constituirse en piedra angular del Estado. Éste sería completamente viable y estaría en capacidad de hacer frente de manera eficaz a sus grandes enemigos, como son los grupos de poder local que sistemáticamente violan los derechos humanos (los cacicazgos), los malos elementos al interior de los gobiernos que sólo ven sus fines egoístas despreciando las necesidades de la población (la alta corrupción) y, por supuesto, los practicantes de lo que el pensador estadunidense Immanuel Wallerstein llama “el principio de la mafia”, el crimen organizado en todas sus ramificaciones.
Los tres fenómenos antedichos son los mayores opositores a la democracia y al respeto de los derechos humanos al interior de un Estado, y llegan incluso a minarlo a tal grado que se vuelva inviable como proyecto nacional en cierto periodo de tiempo. Sin embargo, su existencia no es debida a la acción de un demonio maligno que pretende hacer insoportable la vida en sociedad; fatalmente, existen porque las democracias sesgadas son una vasta tierra fértil para su crecimiento. Todas aquellas personas excluidas de la vida democrática de un Estado, que en países como México se cuentan por millones, no tienen más remedio que aceptar una sobrevivencia bajo el azote de estos fenómenos anómalos, o bien impulsarlos y participar activamente en ellos.
Pensemos en el fenómeno del narcotráfico en nuestro país. ¿Qué puede hacer una persona excluida de todos los servicios del Estado, sin posibilidad de recibir educación, ni trabajo ni oportunidades para tener una vida digna, que sabe que su voto no cuenta y que su voz jamás será escuchada? Decide entonces que se unirá como matón, como mensajero o como esclavo (o los tres) con la banda del narcotraficante de la localidad. Piensa que por lo menos hará dinero rápido y en abundancia. Por supuesto, en el corto o en el mediano plazo, su vida (y muchas veces la de sus seres queridos) será el precio a pagar por tal decisión, pero en el ínterin ya ha servido de base social para la mafia. Como este hombre hay cientos de miles.

ALTERNATIVAS A LA DEMOCRACIA SESGADA
En breve, una formación social con una democracia sesgada tenderá a desaparecer y, en el mediano plazo, es muy probable que acabe siendo tomada por completo por los barones de la mafia, la corrupción y el cacicazgo. La sociedad que emergerá de ella será hostil y oscura porque dependerá de una desregulación negativa de lo social, una manera de entender y efectuar la interacción con los demás ajena a los principios fundamentales de la civilidad humanista: el respeto a la vida y a la propiedad privada. El miedo y la violencia serán las maneras preeminentes de cohesionar las relaciones humanas, y las alternativas positivas para el futuro serán difíciles de llevar a cabo, aunque no imposibles: pasarán por la reforma integral de la educación. Si ésta no puede llevarse a cabo de manera estructural por los cauces del Estado, debido a que su anquilosamiento es irreversible, entonces tendrá que armarse de forma alternativa desde la comunidad, con una educación en valores sustentable y reproducible desde los primeros días de vida en el interior de familias convencidas, responsables, que sepan mirar al futuro.
Existe la experiencia de la transmisión generacional de costumbres, de creencias religiosas y de maneras de ver el mundo. Es posible utilizar esto para fines iluministas, para la expansión de las creencias en la dignidad humana, el respeto mutuo y el trabajo común.
Una segunda opción es incluir los reclamos públicos, pacíficos, dialógicos y constructivos contra las acciones perniciosas de los actores políticos. Las leyes están hechas, o deberían estarlo, para el beneficio de la ciudadanía, y en esa medida deben hacerse observar y respetar. Cuando tengan flancos débiles o inestabilidades producto de su omisión o su quebranto, se hace necesario hacer cambios en ellas, ya sean de superficie o de raíz. No son perennes, sino que deben estar sujetas a constantes rehechuras y modificaciones. Por ejemplo, no debería existir el fuero para los políticos de elección popular y debería transparentarse toda asignación de recursos. Asimismo, debería estar perfectamente claro de dónde proviene el dinero de las campañas políticas, y deben prohibirse las donaciones anónimas a las mismas, entre un sinnúmero de acciones más.
Una tercera alternativa proviene de la disolución de los grandes monopolios (ya sean estatales o privados) en campos clave de las estructuras del bienestar poblacional: el sistema educativo, los medios masivos de comunicación y el sistema de salud pública, por mencionar tres de los más importantes. Éstos deben empalmarse con las necesidades de las grandes masas poblacionales. La coparticipación entre quienes están al frente de dichos sectores, los administradores públicos de los mismos y la ciudadanía es indispensable para encontrar un modelo común de funcionamiento que beneficie a todos los implicados. En una sociedad verdaderamente democrática, las personas deberían ser capaces de tener una educación edificante, información precisa y verídica y, muy especialmente, acceso a consultas, tratamientos, intervenciones y medicamentos buenos, efectivos y asequibles.

EVOLUCIÓN O EXTINCIÓN
Como se ve, éstas son ideas generales que ayudarían a hacer más vivible el mundo futuro. Qué tipo de organizaciones sociales, entendimiento comunitario y puesta en práctica requieren, es algo que todavía está por determinar y es uno más de los retos cuya solución queda por imaginar en el corto plazo. Por lo pronto, como habitantes de un Estado todavía soberano y formalmente democrático, aunque en medio de una crisis vital y estructural de colosales dimensiones, tenemos la obligación ética de trabajar, pedir y sustentar día con día el logro de una democracia real, amplia e incluyente. Ése es el reto mayor de nuestra generación.
En suma, la democracia, tal y como la hemos conocido hasta la fecha en nuestro país y en otras partes del mundo, sí está sobrevalorada, porque se ha convertido en un instrumento de legitimación política para prácticas excluyentes y, en consecuencia, antidemocráticas. En muchos casos es ya casi un cascarón reiterativo por medio del cual las clases dirigentes, cerradas y ensimismadas, realizan un cambio de personas, pero no de clanes, de ideas o de prácticas.
En cambio, lo que está subvaluado es el ejercicio democrático real, aquel que incluye la voz de todos los grupos de interés al interior de un Estado-nación, y que define como grupos de interés a todas las personas al interior del mismo. Por supuesto, lograr un régimen sociopolítico de esta guisa es una tarea colosal, pero la medida del reto implica la medida del problema: o el Estado nacional se refunda sobre las bases de una solidaridad nueva, participativa y omniabarcante o, simple y sencillamente, habrá comenzado su acelerado proceso de desaparición como forma de vida en comunidad. La apuesta por el futuro en nuestra encrucijada contemporánea pasa, ni más ni menos, que por la evolución o la extinción de la forma de vida democrática en su encarnación moderna.

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