En las redes sociales los chilenos han mostrado apoyo a los manifestantes y repudio al vandalismo en el que han derivado las protestas

AFP

Santiago, Chile (11 agosto 2011).- El reclamo de una mejor educación pública en Chile rebasó el ámbito estudiantil y se apoderó de una clase media que ha reeditado formas de protestas social del final de la dictadura, en un movimiento que genera fuerte presión sobre el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, estiman analistas.

La noche del martes, por segunda vez en menos de una semana, miles de personas en todo el país, convocadas por los líderes estudiantiles, se reunieron en patios, balcones y plazas e hicieron sonar cacerolas y sartenes emulando los "cacerolazos" que a finales de los 80 marcaron los últimos tiempos del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Hoy, transcurridas más de dos décadas de democracia, los ciudadanos se unen para exigir el fortalecimiento de la educación pública en un país con una economía tan próspera que ha sido considerada el milagro latinoamericano, pero con un sistema educativo segregado por las reformas neoliberales de la dictadura.

En Santiago, la protesta se extendió por más de dos horas y se sintió con fuerza en zonas pobres de la periferia, pero también en barrios acomodados del oriente de la capital, como Ñuñoa, La Reina y Providencia.

"Se está viviendo la revolución de la clase media: personas que tienen a sus hijos en la universidad, pero que están muy acosadas por las deudas y que se han comenzado a cuestionar el sentido de la vida", afirmó el sociólogo y ex asesor presidencial Eugenio Tironi.

"Hay un proceso de gran reestructuración, porque hay una sociedad más activa, más reflexiva, educada, que se siente con el derecho a deliberar y cuestionar muchos asuntos que antes eran tabú, como el funcionamiento del sistema educativo", agregó.

La efervescencia callejera ha permeado las redes sociales. Twitter y Facebook arden en discusiones sobre el movimiento estudiantil y las nuevas formas de protesta.

En ellas hay un apoyo al reclamo de mejor educación y un unánime repudio al vandalismo en el que han derivado las masivas protestas, aunque también condenan el pedido velado que hizo una funcionaria para atentar contra la líder estudiantil Camila Vallejo.

"El movimiento estudiantil tiene el respaldo de la sociedad, principalmente de la clase media. Esta clase media está muy afectada y dispuesta a cualquier cosa", señaló Pablo Huneeus, sociólogo de la Universidad de Chile.

"Hay que tener cuidado con eso, porque hay extremismo de clase media y ese descontento es muy fácil que se transforme en un movimiento que puede ser reprimido", advirtió.

Precisamente, es este extremismo lo que más preocupa a las autoridades.

"Cuando veo a algunos que hacen de la intransigencia una verdadera forma de vida, cuando creen que la violencia es el camino de las soluciones, me doy cuenta que están tremendamente equivocados", dijo ayer el Presidente Piñera.

Arrastrada por el conflicto estudiantil, la popularidad del Mandatario se ha desplomado a 26 por ciento, el menor porcentaje para un gobernante desde el retorno a la democracia en 1990.

Descarta Gobierno nueva oferta

El Gobierno de Chile descartó presentar una nueva propuesta de reforma educativa diferente a la que ya han rechazado los estudiantes, pero ofreció dialogar con ellos para hallar una solución y poner fin a las protestas.

"La propuesta ya la tenemos y esperamos que ellos (los estudiantes) puedan sentarse con las autoridades, los parlamentarios, para poder ver cómo la sacamos adelante y la complementamos", declaró el portavoz presidencial, Andrés Chadwick.

Paralelamente, el Gobierno lanzó un plan de clases extramuros para evitar que los estudiantes de secundaria pierdan el año escolar debido a las manifestaciones.

Rechazan modelo de Pinochet

Las demandas estudiantiles que tienen en jaque al Gobierno de Chile apuntan a la necesidad de una reforma del sistema educativo vigente en el país, que sigue siendo el mismo que fue impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuyo régimen redujo a menos de la mitad el aporte público a la educación y promovió su privatización.

En el país sudamericano el aporte fiscal a la educación se limita a un 2.4 por ciento del PIB, cuando lo recomendado por la UNESCO a nivel mundial es 7 por ciento, la media en los países de la Unión Europea.

Esta situación fomentó la creación de centros universitarios privados y el traspaso de la administración de los colegios a los municipios.

Por ello, los reclamos estudiantiles se resumen en gratuidad de la enseñanza, mayor calidad en la educación y el fin del lucro en los planteles superiores privados.

El Gobierno ya presentó un plan de 21 puntos que responde a muchas de las demandas, pero no aborda directamente la gratuidad, por lo que fue rechazado por los estudiantes.